Asesores ñoquis y lavado de activos: el Estado infiltrado por el narcotráfico

Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Antes de que se conociera su situación, había sido contratado como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Percibía $52.000 nominales mensuales y, según reconoció el propio edil, no tenía tareas asignadas ni concurría a la Junta. Gómez calificó la contratación como un error y sostuvo que desconocía las actividades ilícitas de su asesor.

En Montevideo, cada edil recibe una partida mensual de aproximadamente $260.000 para contratar hasta cinco secretarios o asesores. Se contratan personas que en realidad trabajan para la estructura del partido y no para la Junta Departamental.

En 2024 se aprobó la Ley 20.292, que modificó la Ley 18.485. La norma incorporó cambios en materia de financiamiento y control. Pero la discusión sobre cómo controlar efectivamente el dinero que circula alrededor de la política viene desde mucho antes. La utilización de los asesores para volcar fondos públicos hacia los partidos es una práctica extendida y conocida ya que la ley prevé que los partidos financien su aparato mediante cuotas a sus dirigentes nacionales lo que el art. 42 de la ley 20.292 menciona como “contribución mensual” en los casos supuestamente previstos por la ley. Como dice el dicho hecha la ley hecha la trampa, la maniobra de asesores ñoquis cae en una zona gris ya que el procedimiento mediante se accede a dinero público es legal, claro está que no se sabe que financia. 

Fernando Pereira advierte que el narcotráfico no puede “permear” la política uruguaya. La frase parece contundente, pero el caso Leiva obliga a mirar la realidad de frente: el problema ya no es impedir que el narcotráfico entre a la política. El asunto es entender cómo logró entrar.

El lavado de activos consiste justamente en introducir recursos de origen ilícito en circuitos capaces de otorgarles apariencia de legalidad. Por eso no alcanza con perseguir al que vende droga: hay que seguir el dinero, sus intermediarios y las estructuras que permiten su circulación.

La JUTEP, además, tiene un papel limitado. Puede recibir declaraciones, prevenir, asesorar y actuar dentro de las competencias que le asigna la normativa, pero no es un organismo con facultades investigativas y sancionatorias equiparables a una Fiscalía.

La expansión del narcotráfico debe comprenderse en el marco de las contradicciones del capitalismo contemporáneo: la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo, la desigualdad y la exclusión de amplios sectores sociales de las formas tradicionales de integración económica. El narcotráfico constituye, en ese escenario, una estructura de acumulación de capital que reproduce relaciones de explotación, dominación y control territorial, y que no permanece necesariamente al margen de la economía legal, sino que puede establecer vínculos con sus circuitos financieros, comerciales y políticos.

La descomposición social, entonces, no es simplemente una crisis de conducta individual, sino antes que nada el producto de la descomposición del propio capitalismo y de la infiltración profunda del narco en el Estado (policía, justicia, poder político y fuerzas de seguridad)

El narcotráfico no solamente disputa mercados ilegales: también puede disputar territorio, autoridad y poder político. Por eso, su penetración en las instituciones no debe entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un problema estructural que exige investigar las relaciones entre capital ilegal, poder económico y representación política.

El caso de la contratación de asesores en las Juntas Departamentales plantea interrogantes sobre el destino de las partidas presupuestales, la existencia de contrataciones sin contraprestación laboral y la posibilidad de que recursos públicos terminen financiando estructuras políticas.

La clase trabajadora debe defender su independencia política frente a las organizaciones criminales, pero también frente a cualquier intento de utilizar la lucha contra el narcotráfico para justificar la militarización de los barrios, la criminalización de la juventud o el avance de medidas represivas contra los sectores populares. La seguridad de los trabajadores y de sus familias debe ser una reivindicación central, pero no puede confundirse con la defensa de un aparato estatal que también debe ser desmantelado.

El “combate al narcotráfico” o etiquetas como “narcoterrorismo” sirven de pretexto para la injerencia de EE.UU. la militarización y el protectorado sobre América Latina (México, Brasil, Ecuador, Colombia). El narco crece con la crisis capitalista y el lavado bancario internacional.

El avance del narcotráfico y sus lacras es un síntoma de la crisis y descomposición capitalista, con el Estado como actor central (no solo “cómplice”), y la respuesta pasa por la movilización y organización de clase, no por más represión estatal.