El contundente “Chubutazo” no solo hizo temblar las calles de Rawson sino que además ya impactó en el corazón del gobierno provincial. La renuncia del ministro de economía provincial Luis Tarrío, el cerebro de este plan de ajuste, es un “deja vu recargado” del 2018. A Tarrío lo seguirían, posiblemente, otros miembros del gabinete provincial.
La crisis política y financiera de Chubut ha pegado un salto.
La movilización de miles de docentes, estatales y jubilados en rechazo al nuevo pago escalonado, a los incumplimientos paritarios, al corte de la obra social SEROS y por los reclamos edilicios, ha demostrado la enorme capacidad de lucha de los trabajadores y la falta de respuesta del gobierno de Arcioni, a poco menos de dos meses de haber ganado las elecciones provinciales.
El trascendido de que el Superior Tribunal de Justicia estaría preparando una resolución sobre un esquema de pagos escalonados “más light”, expresa la pérdida de poder y autoridad del Ejecutivo y de su principal espada, Massoni.
Por el lado de la Legislatura y la oposición del PJ-kirchnerismo, se impulsa un paquete de leyes tributarias para adelantar o modificar impuestos a las operadoras, pesqueras y Aluar. Esto coincide con la salida “parlamentaria” que plantea la Mesa de Unidad Sindical.
En los hechos esto significa una “renegociación” con los grandes capitales que actúan en la provincia y que han sido los principales beneficiarios de todos los negociados, en primer lugar el de la deuda, que en gran medida se encuentra en su poder.
Cualquier negociación con ellos implicará nuevas hipotecas para los trabajadores.
El macrismo castiga a Arcioni negándole adelantos de coparticipación federal y prórrogas en los vencimientos de deuda que tiene con el Estado nacional.
La posibilidad de emitir más deuda por 1500 millones de pesos a tasas mayores del 60% (el plan del renunciante Tarrío) está condicionada por la voluntad de los mercados, que están expectantes a los resultados de las elecciones nacionales, al margen de que la incendiada Chubut, más al borde del defol que otra variante, no inspira confianza alguna.
El rescate del Estado nacional está atado a la apertura del territorio de Chubut al saqueo de megaminero que reclaman la canadiense Pan American Silver, la segunda productora primaria de plata en todo el mundo, y otros pulpos internacionales. Los pueblos de la Cordillera ya prenden las luces de alarma, con movilizaciones en Esquel y Rawson.
Por lo bajo, se cocina la crisis latente con CAMMESA, que anticipa o violentos tarifazos o cortes de potencia eléctrica en las principales ciudades que, a su turno, agravarán aún más el derrumbe industrial como adelanta el corte de suministro y la paralización de la textil Soltex en Trelew. También los choferes sufren atrasos salariales por el corte de subsidios.
Tanto Arcioni como los derrotados en las elecciones provinciales y, en particular, la burocracia sindical que frenó las luchas en 2018 y que no preparó a los trabajadores para estos choques, cifran todas sus esperanzas en el recambio electoral de octubre que encumbre a Fernández como el “salvador”. Una ilusión que no se condice con sus promesas de honrar los pactos fraudulentos con el FMI.
Y de todos modos, en medio este colapso generalizado, diciembre es una eternidad. La gran pregunta es qué política desarrollamos los trabajadores hasta entonces.
El Chubutazo necesita una orientación de lucha independiente.
El Chubutazo no puede ser utilizado para zanjar internas de las variantes patronales o para ejercer presión a favor de nuevos negociados.
Necesitamos una orientación que libere las energías de la clase obrera, con la máxima deliberación y con los métodos de la acción directa, los únicos confiables para alcanzar nuestros objetivos inmediatos y abrir un camino a soluciones de fondo y permanentes.
Es claro que Arcioni – el massista amigo de Macri, que apoyó el Pacto Fiscal, ahora bendecido por los Fernández – no puede gobernar. Arcioni representa tanto el ajuste macrista como a la oposición y a todo el régimen del FMI.
¡Fuera Arcioni!
Necesitamos un congreso de delegados de base de todos los sindicatos de la provincia, de la CTA y la CGT, que voten un plan de lucha unificado y un programa para afrontar la crisis.
Paros escalonados hasta llegar a la huelga general de todos los trabajadores de la provincia; de los estatales y docentes, de judiciales, metalúrgicos, pesqueros, petroleros y camioneros. Todo el movimiento obrero debe intervenir.
La prioridad es la defensa de los salarios y las jubilaciones; es decir la vida y la salud de la población que trabaja. Hay que rechazar los tarifazos y decir No a la megaminería. Para asegurar eso hay que investigar y repudiar la deuda provincial fraudulenta (un negociado entre petroleras, camarillas gobernantes y especuladores que nos quieren hacer pagar).
Llamamos a poner en pie Asambleas Populares, en cada localidad, para tomar en nuestras manos nuestro destino.
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