Las tentativas de Vázquez de firmar un acuerdo de libre comercio con China (TLC) pone de manifiesto, en primer lugar, el cuadro de disolución del Mercosur en medio de una disputa de orden más general entre EEUU y China por el control político y económico en América Latina. En segundo lugar, expresa la orientación del capital financiero y agroexportador al estancamiento de la economía uruguaya, es decir, forma parte de la política ajustadora.
La política de liberalización de los capitales extranjeros (con subsidios y exoneraciones) ha sido una piedra angular de el esquema del FA desde el primer gobierno, como muestra la ley de inversiones aprobada en 2007. El libre comercio implica la reducción de los aranceles a la importación y su homogeneización, así como la eliminación de las restricciones cuantitativas a los productos procedentes del exterior (cuotas o cupos de importación). Conjuntamente, se retiran las subvenciones a la producción nacional que implican un trato diferencial con el que reciben los productos extranjeros -en este caso China. El efecto inmediato es, por una parte, el deterioro de la capacidad de apropiación de plusvalía de los capitales nacionales -especialmente los industriales en favor del capital internacional (más competitivo), por ello la oposición de la Cámara de Industrias-, y por otra parte, supone un ataque general a las condiciones de laborales de los trabajadores para igualar el “costo laboral” chino, es decir impone una competencia ruinosa entre los trabajadores. Sin embargo, la oposición al libre comercio que expresan los capitalistas locales o internacionales que competirían con China es en función de defender las subvenciones y exoneraciones estatales y su propio ataque al salario y condiciones de trabajo, como se expresa en esta ronda de Consejos de Salarios.
Disputa
Estas tentativas de Vázquez se dan en momentos en que asistimos a un agravamiento de la crisis capitalista que estalló en 2008. Estamos frente al derrumbe de China que atraviesa una importante crisis de su sector industrial e inmobiliario, como producto de una enorme sobreproducción de mercancías y capitales que ha tirado abajo los precios del acero, produciendo cierres de fábricas y despidos de 6 millones de obreros en los principales centros siderúrgicos del país. Los mercados donde la producción de las fábricas chinas era volcada están abarrotados. Este párate chino ha provocado el desplome de las naciones emergentes que colocaban parte importante de su producción de materias primas (petróleo, minerales, forrajes, alimentos, etc.) en la maquinaria productiva de la China y ha provocado un reducción del comercio mundial no vista desde la Gran Depresión de la década de 1930. Estas tendencias intensifican los conflictos económicos y militares entre las grandes potencias, colocando a América Latina en un campo de orégano de disputas interimperialistas.
Para China, un TLC con Uruguay significaría un principio de válvula de escape para sus mercancías industriales, con acceso a los mercados de Brasil y Argentina en un cuadro donde la alianza comercial de Brasil con China que le permitió a Lula-Dilma explotar los yacimientos petrolíferos del pre sal ha pasado a mejor vida. En el último período, las exportaciones chinas golpearon fuertemente a las grandes acerías brasileñas que encabezaron una campaña internacional para penalizar la exportación siderúrgica de China y fueron las principales impulsoras del golpe a Dilma. La oposición de Temer a este acuerdo comercial tiene sus raíces en la defensa de los intereses de la Federación de Industriales de San Pablo, que buscan un acuerdo con comercial con la Unión Europea y Estados Unidos (O Valor, 25/10). En Argentina, bajo el gobierno de Macri, sucede algo similar en un marco de retroceso industrial y fuga de capitales de más de 2.500 millones de dólares. Por eso es que el gobierno Argentino insiste en que el tratado sea de todo el Mercosur (Clarin, 20/10).
El reciente TLC firmado con Chile constituyó una apertura a los acuerdos del pacifico y por tanto una puerta hacia el comercio con E.E.U.U. Que, sin embargo, es parte de un proceso contradictorio, pues el imperialismo está atravesado por fuertes debates -producto de la profundidad que ha adquirido la crisis- dónde se manifiestan explícitamente las tendencias proteccionistas y de oposición a los tratados de libre comercio expresadas tanto en el candidato republicano Trump como en la demócrata Clinton. En este cuadro, naufraga la aprobación en el Congreso del Tratado TransPacífico (TTP) impulsado por el imperialismo yanqui y japonés para cercar a China, y que contaba con el apoyo de los sectores industriales brasileños y argentinos.
La clase obrera
En cualquier caso, los tratados de libre comercio tanto con EE.UU, la Unión Europea, como con China, significa para Uruguay retorno al colonialismo, que pone en riesgo las conquistas laborales y su organización, vulnerando los intereses nacionales. Son las grandes multinacionales exportadoras de materias primas se encuentran entre las principales interesadas en un TLC China-Uruguay. Constituye una nueva entrega nacional, que profundiza la dependencia, desindustrialización y el modelo primario de la economía.
El rechazo al TLC debe incluir la denuncia sobre el carácter del Mercosur y de la burguesía latinoamericana, que lejos de propiciar un desarrollo autónomo y una industrialización de la región ha perpetuado el atraso y la concentración de los recursos continentales en los monopolios y el capital financieros.
Los trabajadores en este punto, no podemos ver en los tratados comerciales una asociación de intereses con los empresarios, los exportadores y/o los pool de siembra, sino que es necesario retirar la mirada del lente “nacionalista”. En este sentido, es necesario para dar una batalla por la estatización del comercio exterior al servicio de un verdadero plan de desarrollo industrial, que sólo podrá ponerse en práctica bajo un gobierno de trabajadores en unidad socialista de toda América Latina.
