Abajo la Segunda Reforma jubilatoria anti-obrera

Por un plan de lucha para enterrar las AFAP

El gobierno pretende modificar la forma de cálculo de la renta vitalicia de los trabajadores que se jubilen por las Afap, introduciendo cambios en las tablas de mortalidad y en la tasa de interés que se utiliza para el mismo. Con estos cambios, se rebajarían en un 30% o aún más las rentas jubilatorias. Por otra parte, el gobierno emitiría títulos de deuda en Unidades Reajustables (UR) que se indexan según el índice medio de salarios, para que las aseguradoras privadas vuelvan a intervenir en el negocio previsional. El año pasado el gobierno emitió deuda en UR por 1.000 millones de dólares, para evitar un descalce de las reservas del Banco de Seguros; ahora el mecanismo se aplicaría en beneficio también de las compañías privadas. Actualmente, sólo el BSE interviene en este mercado (porque genera pérdidas), en tanto las privadas se retiraron del mismo. La pretensión del gobierno es aplicar estos cambios (desde el Banco Central) antes de fin de año.

El PIT-CNT ha convocado a una movilización para el viernes 11 de noviembre, con concentración a las 15 horas frente al Ministerio de Economía y posterior marcha al Banco Central, en rechazo a estas modificaciones, y reclamando una negociación en torno a la seguridad social. “Las reformas necesarias que el actual sistema requiere no deben discutirse aisladamente ni ser sobre la base de recorte de beneficios de los trabajadores”, declaró la central sindical. La eliminación de las Afap está planteada en la plataforma de la marcha.

En Chile, país que se tomaba como ejemplo por el FMI y los impulsores de la jubilación privada, existe un gran movimiento de lucha contra las Administradoras de Fondos Previsionales. Millones han salido a las calles para terminar con la estafa de la jubilación privada. En Uruguay, el tema ha sido colocado por los trabajadores que están cercanos a la jubilación (“cincuentones”) y que fueron forzados a aportar a una Afap: decenas de miles se verán perjudicados, con una jubilación que será 30% (o más) inferior a la que resultaría por el BPS.

Es necesario impulsar la movilización contra esta segunda reforma anti-obrera. Las medidas del gobierno son una confiscación de los trabajadores para seguir manteniendo vivo el curro de las Afap. Es necesario luchar por la estatización de toda la seguridad social bajo control de los trabajadores. La jubilación es un salario diferido: debe ser financiado exclusivamente por aportes patronales. Las empresas pagan hoy nada más que un 7,5% (pagaban un 13% hasta 2007; el Frente Amplio les rebajó la aportación), mientras que los obreros pagan un 15% de sus sueldos. La reforma de 1995, que el FA ha mantenido y ahora pretende empeorar, también rebajó el cálculo jubilatorio. Con 30 años de trabajo, un trabajador con 60 años se retira apenas con un 45% del promedio salarial de los últimos 10 años (o los 20 mejores años), una verdadera miseria. La clase obrera debe reclamar un aumento de su “salario diferido”, para que sea calculado en no menos de un 82% sobre el último sueldo en actividad. Los trabajadores deben asegurar su supervivencia. Que los capitalistas paguen su propia crisis.

R. F.