Repudiamos la cruzada encabezada por Trump y sus secuaces Macri y Bolsonaro contra Venezuela que en esta jornada se cristaliza con un golpe de Estado en toda regla. La autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, dirigente de la Asamblea Nacional, ha estado precedida por una frustrada asonada militar.
Repudiamos esta conducta que pretende hacerse nada menos que en nombre de la “democracia”, cuando está encabezada por un magnate que viene llevando a cabo una persecución implacable contra los inmigrantes, las minorías, las mujeres y sus derechos y que pretende reforzar el rol de gendarme internacional de Estados Unidos, destruyendo pueblos enteros en Medio Oriente y el Norte de Africa. Una ofensiva que está encabezada también por un notorio pinochetista brasileño, rodeado por militares, que terminó llegando el poder tras la proscripción de Lula y luego de un golpe que destituyó al gobierno de Dilma Rousseff.
Uruguay en conjunto con México se han desmarcado de los cruzados reaccionarios esgrimiendo la necesidad de una “solución pacifica y democrática” y apuntan al armado de un grupo de “contacto internacional” junto a España y Portugal para resucitar por enésima vez una mediación en Venezuela. Vázquez y López Obrador soslayan la consumación de un golpe y buscan recrear un escenario anterior cuando la crisis actual es mas grave que las precedentes. No son ninguna alternativa, solo un estorbo que encubre y mira la realidad por el retrovisor. El gobierno uruguayo no denuncia el golpe en curso y deja abierta la posibilidad del desplazamiento del gobierno a través de una negociación con la derecha y el imperialismo.
El gobierno del Frente Amplio es cómplice de esta escalada golpista, se ha alineado con los gobiernos derechistas y con la política imperialista para América Latina. Si bien no suscribe la ofensiva del “Grupo de Lima”, ha reconocido al golpismo brasilero como proceso democrático legítimo y permitido la utilización de Uruguay como plataforma de operaciones para la cumbre del G20. A esto se le suma el apoyo a la suspensión de Venezuela del Mercosur y la abstención o el apoyo directo a las condenas internacionales y la presión diplomática, no haciendo otra cosa más que fortalecer a la oposición derechista y la perspectiva de intervención.
Los representantes de la oposición patronal, que apoyan el pronunciamiento golpista en nombre de la defensa de la democracia, se alinean con gobiernos antidemocráticos y probadamente corruptos.
No se nos escapa la aguda descomposición del régimen bolivariano. La camarilla cívico-militar de Nicolás Maduro ha llevado al pueblo venezolano a un callejón sin salida. Un movimiento que debutó con planteos de emancipación nacional de alcance latinoamericano, y que llevó adelante algunas medidas importantes en esa dirección, ha concluido, como otros similares en el pasado, en una bancarrota económica y política colosal. Desde el comienzo estableció un régimen de poder personal y estatización de las organizaciones populares, en especial los sindicatos, y alentó el desarrollo de una ‘boliburguesía’ con los elevados ingresos petroleros, que sirvieron para enriquecer a sus beneficiarios. Ahora que el país ha tocado fondo, Maduro anuncia la privatización de la riqueza minera a compañías rusas y chinas, y no excluye hacerlo en beneficio de las norteamericanas.
Advertimos que, si la escalada golpista lograra prosperar, Venezuela asistiría a un remate descomunal de sus riquezas mineras e incluso a la pérdida de conquistas importantes y nuevas privaciones. La oposición, dividida y diezmada, está intentando recobrar aliento, pero no cuenta con el apoyo popular. Por eso reclama una intervención militar -interna y externa.
Llamamos a los trabajadores latinoamericanos a movilizarnos en común y formar un frente de alcance continental contra esta escalada golpista.
Venezuela atraviesa una crisis humanitaria, que la intervención militar no va a resolver. Una movilización internacional de los trabajadores debe servir también para arrancar esa ayuda a los Estados de todo el mundo, bajo el control de organizaciones de trabajadores y de derechos humanos independientes.
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