El PIT-CNT, luego de mil devaneos, terminó aceptando impulsar un referéndum para anular la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno derechista. Se trata de una ley reaccionaria, que establece un fortalecimiento del aparato represivo (gatillo fácil) contra la movilización popular y el derecho de huelga (prohibición de piquetes y ocupaciones de empresas, limitación de la huelga), estableciendo una reforma anti-democrática del sistema educativo y abriendo paso a una reforma de la seguridad social anti-obrera (impulsarán aumento de la edad de retiro y rebaja del cálculo jubilatorio). Esta mega-ley aprobada a toda máquina contó notablemente con el voto de la “oposición” frenteamplista a gran parte de su articulado.
Desde sindicatos de base y gremios estudiantiles, así como agrupaciones y organizaciones sociales, se impulsó una movilización para enfrentar la aprobación de la LUC. Una “Coordinadora anti-LUC” llevó adelante marchas de miles de personas pese al temor ante la pandemia, mientras el Frente Amplio y la cúpula del PIT-CNT se mantenían en la parálisis. Cuando había que salir a la lucha, los dirigentes hablaban de que impulsarían un referéndum. Una vez que la ley se aprobó, dejaron de hablar de la consulta popular, pese a que la propuesta de referéndum había sido aprobada en varios asambleas y sindicatos. Había que dejar pasar las elecciones departamentales, para recién después discutir la posibilidad de someter a plebiscito la ley reaccionaria. Incluso entonces muchos dirigentes del FA y de la central sindical seguían hablando contra el referéndum. Finalmente, la Mesa Representativa del PIT-CNT terminó aprobando iniciar un proceso de discusión con la Intersocial y con el Frente Amplio, para concretar una consulta popular, pero la mayoría de la cúpula sindical apunta a mediatizar este mecanismo democrático: no quieren impugnar la totalidad de la ley sino solamente los artículos que no contaron con los votos frenteamplistas.
Si pese a todas estos condicionamientos sale el referéndum, es claro que no será por la voluntad de los dirigentes frenteamplistas, sino a su pesar. Será por el empecinamiento de los militantes populares y de izquierda que no bajan los brazos ante la ley reaccinaria.
Algunos dirigentes pretenden acusar a los impulsores de la iniciativa de “preparar una derrota”. Ocultan que fueron ellos los que se negaron a impulsar la movilización y dejaron este único camino, y que son ellos los que ahora siguen frenando la lucha contra la LUC en función de hacer buena letra con los empresarios y el gran capital, para que los acepten nuevamente como alternativa de gobierno. Los dirigentes frenteamplistas apuestan a ganar nuevamente el favor de la gran burguesía y los terratenientes, no a derrotar a la derecha con la acción popular. Para lograr el visto bueno del imperialismo y los capitalistas, son también impulsores de una reforma de la seguridad social totalmente regresiva y anti-popular, y pretenden facilitar al gobierno un cuadro de diálogo y negociación.
Es necesario intervenir en la campaña pro-referéndum con una estrategia independiente de las cúpulas centro-izquierdistas y de la burocracia sindical que negocia la rebaja salarial y la pérdida de derechos jubilatorios. Una estrategia de movilización, no limitada a la mera recolección de firmas y de votos, para derrotar a la derecha -no para negociar con ella. Por ello, el Partido de los Trabajadores convoca a todos los militantes de izquierda y populares a constituir comités de movilización en cada barrio, y un plenario de comités que no se someta a la conducción de la dirección frenadora que ha sido cómplice del gobierno derechista. Preparemos un gran encuentro de militantes y agrupaciones sindicales y estudiantiles, para impulsar esta campaña combinando la recolección de firmas con la movilización, apoyando todas las luchas obreras y populares contra el presupuesto del hambre, contra la desocupación y la caída salarial.
• Que se apruebe YA el lanzamiento de la recolección de firmas contra TODA la Ley de Urgente Consideración.
• En defensa del derecho de huelga y de movilización popular, contra el gatillo fácil y la represión.
• Por autonomía y cogobierno real de la educación, contra la reforma anti-educativa y privatizadora de la enseñanza pública. Por un mínimo del 6% del PBI para ANEP-UDELAR y 1% para la investigación científica.
• Contra la carestía, por aumento general de salarios, elevando el salario mínimo nacional a $ 40.000.
• Contra los despidos y envíos al seguro de paro: reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial (reparto de las horas de trabajo), por un plan de obras públicas y viviendas populares para generar puestos de trabajo genuino -financiado por impuestos a las grandes fortunas.
• Abajo la reforma de la seguridad social que impulsa el FMI y la banca internacional: no al aumento de la edad de retiro, ninguna rebaja del cálculo jubilatorio, aumento del aporte patronal, terminar con las jubilaciones de privilegio de los mandos militares y los jerarcas y políticos. Derogación de las AFAP, estatizando el sistema jubilatorio.
• Por la nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control de los trabajadores. No pago de la deuda externa. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por un gobierno de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.
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