Lecciones del “Diálogo Social”

A poco más de un año de iniciado el gobierno de Yamandú Orsi, el mecanismo del “Diálogo Social” —promovido como espacio de consenso entre gobierno, empresarios y sindicatos— revela su verdadera naturaleza: una herramienta de contención de las demandas populares utilizada para dilatar, diluir y, finalmente, enterrar lo que sus promotores en el campo sindical y social denominan “acuerdos alcanzados”. Lejos de traducirse en conquistas para los trabajadores, este espacio ha servido para consolidar elementos centrales de las reformas neoliberales heredadas.

El Partido de los Trabajadores tempranamente señaló que el “Diálogo Social” sería utilizado como campo de maniobras del FA para justificar su rechazo al plebiscito por la seguridad social, que contó con el respaldo de casi un millón de uruguayos. Lejos de avanzar hacia la eliminación de las AFAP, la reducción de la edad de jubilación a 60 años o la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo, como era presentado desde la dirección del PIT-CNT, una suerte de aproximación a los tres puntos, el gobierno por medio de ese espacio, mantiene el régimen mixto privatizado y las edades de retiro elevadas. El resultado final es peor que cualquier vaticinio previo, pues no alcanza ni a maquillar la reforma derechista, ni a rozar siquiera los intereses de las grandes empresas.

La posición de Oddone

El gobierno admitió crear un organismo público que centralizara la administración de las cuentas individuales de ahorro previsional. Luego, tras negociar directamente con las administradoras, dio marcha atrás. El ministro Oddone lo justificó abiertamente: crear ese organismo “podía disparar el interés de los títulos” y aumentar “el peso de la deuda”. Es decir, el capital manda. Los mercados, los bonistas y las AFAP tienen veto de facto sobre cualquier medida que roce sus ganancias. Esto no es un error de negociación. Es la lógica de clase del Frente Amplio en el gobierno: mantener la confianza de los inversores y postergar cualquier reforma por limitada que sea.

Oddone ha cerrado la puerta a propuestas del PIT-CNT como un impuesto al 1% más rico y ha mantenido pautas salariales que presionan a la baja los convenios colectivos. Mientras tanto, el gobierno mantiene exoneraciones a grandes empresas, pagos de deuda externa y subsidios al capital, demostrando prioridades claras: estabilidad para los mercados antes que respuestas a las demandas populares.

Los verdaderos acuerdos se cocinaron en las oficinas del MEF con los representantes del gran capital.

El FA llegó al gobierno sin prometer transformaciones, apenas cambios menores tras sabotear el plebiscito. Una vez en el poder consolida las reformas de la derecha y le dice a la burocracia sindical que esta vez no hay migajas. El “Diálogo Social” se convirtió así en una trampa para quienes se prestaron a hacer de segundo violín: los sindicatos obtienen retóricas de consenso, pero ninguna conquista. Las jubilaciones siguen miserables, las AFAP conservan sus millonarios flujos de fondos (alrededor de 1.500 millones de dólares anuales) y la edad de retiro efectiva se mantiene en 65 años o más.

Las “contradicciones” del PIT-CNT y el entendimiento con Orsi

Pese a las críticas puntuales, la dirección del PIT-CNT, encabezada por Marcelo Abdala, mantiene una línea de colaboración con el gobierno del FA que delata un entendimiento profundo, más allá de las declaraciones públicas de malestar. Abdala, presidente del PIT-CNT, ha reiterado una máxima de su corriente política: “Los acuerdos son para respetarse” tras reunirse con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Criticó que el Ejecutivo dejara de lado propuestas del Diálogo Social sobre la gestión pública de las AFAP, pero el tono sigue siendo el de quien confía en el gobierno “amigo”.

Mientras Abdala exige cumplimiento, el PIT-CNT no convoca a movilizaciones masivas ni rompe con la subordinación al FA. Del mismo modo, Sergio Sommaruga ha expresado preocupaciones sobre las intenciones del gobierno de ampliar las posibilidades de inversión de los fondos de las AFAP, pero en el marco de un apoyo general al proceso de “diálogo”. Sommaruga presenta estos acuerdos como “un paso intermedio”, donde se eliminaba “la pluralidad” de agentes financieros en la administración de los ahorros jubilatorios. En una entrevista para Caras y Caretas el dirigente hace una denuncia severa: “De esa reunión se abre un período de negociación paralelo, ulterior al diálogo social, donde se reunieron las AFAP y el gobierno. A los 60 días sale esta modificación que altera los acuerdos establecidos en el diálogo social y los altera de forma regresiva” (CyC 24/7). El dirigente llega a una conclusión curiosa, el “giro” del gobierno “Es de un nivel de torpeza política sustantiva”. Pero no se trata de torpeza, sino de la naturaleza de clase del gobierno.

La burocracia se rasga las vestiduras porque, después de participar en el circo del “diálogo”, el Ministerio de Economía negoció directamente con las administradoras de fondos y modificó lo concertado, aunque aquí hay que remarcar que desde el ejecutivo se subrayó permanentemente que lo que saliera del Diálogo no sería vinculante, apenas eran “recomendaciones”.

El capital financiero no acepta mansamente que toquen sus negocios. Las AFAP no son un “agente intermediario” cualquiera: son uno de los pilares de la acumulación capitalista en Uruguay, que succiona los aportes de los trabajadores para especular y garantizar rentabilidad a los grandes inversores.

Sommaruga acusa al capital de no negociar de buena fe. La reacción del PIT-CNT (“los acuerdos son para cumplirse”, “relación pendiente de un hilo”) delata esta subordinación política vasta.

El “diálogo social” fue, una vez más, una trampa para desmovilizar y legitimar el ajuste. El gobierno hace lo que toda centroizquierda: defender la propiedad privada y el lucro del capital.

Los trabajadores no necesitan más lamentos éticos, sino una política independiente, que no se limite a regatear con el gobierno dentro de los marcos del capital, sino que apunte a expropiar los fondos previsionales, ponerlos bajo control de los trabajadores y avanzar hacia la liquidación del sistema de jubilaciones privadas.

Ahora amenazan con medidas de paro parcial, pero todo dentro del marco de presionar al FA para que “rectifique”, sin romper la subordinación política.

Un mecanismo de contención que fracasa

La desazón popular crece, las encuestas muestran caída de aprobación. El “Diálogo Social” no resuelve la crisis de la seguridad social ni promueve ningún desarrollo real; solo dilata mientras se profundiza la subordinación al capital y al imperialismo.

La burocracia sindical oscila entre la crítica verbal y el mantenimiento del pacto, exponen los límites de una dirección sindical integrada al gobierno. Mientras exigen “cumplimiento de acuerdos”, facilitan la gobernabilidad de Orsi y Oddone. Esta política de conciliación de clases maniata al movimiento obrero, aislando las luchas y priorizando el diálogo por encima de la movilización independiente.

No se trata de exigirle “coherencia” al Frente Amplio ni de “recordarle” sus promesas electorales.

El fracaso anunciado del “Diálogo Social” debe servir de lección: las reivindicaciones de los trabajadores no se obtendrán en mesas de negociación controladas por el gobierno, sino mediante la organización independiente y la lucha obrera consecuente. Insistimos en que solo un programa obrero y socialista, puede abrir un camino real de conquistas.