Los políticos uruguayos gustan de mostrarse como una excepción en el continente e incluso en el mundo. Mientras en todos lados hay crispación y “grieta”, dicen, en Uruguay los políticos se tratan con amabilidad y respeto, discuten sus diferencias civilizadamente y aseguran la “seguridad jurídica” -es decir, nadie altera las cuestiones fundamentales de la economía, como los pactos con el FMI, el pago de la deuda externa, los negocios de los estancieros o los subsidios al gran capital y las multinacionales.
Antes del golpe militar del 73, los políticos tradicionales también se consideraban excepcionales: “como el Uruguay no hay”, “la Suiza de América”, y tantas otras expresiones añejas parecen ahora retornar y reflejar la tontería de los políticos de la derecha y de la centroizquierda. La bancarrota económica y la agudización de la lucha de clases colocó entonces al Uruguay en la misma disyuntiva que toda Latinoamérica: revolución socialista o contrarrevolución golpista. Los 12 años de la dictadura más salvaje y genocida debería bastar para echar por tierra todas estas patrañas sobre la excepcionalidad uruguaya.
En momentos en que se deshilacha la coalición de derecha, la “oposición” de centroizquierda se frota las manos porque las encuestas la dan favorita, y mantiene a rajatabla su política de no hacer olas, asegurar paz social de cara a las elecciones, confiando en una supuesta “nueva ola progresista” en la región (Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, etc.). Las recientes elecciones (PASO) de Argentina vienen a enturbiar tan idílico panorama para los jefes del Frente Amplio, lo que seguramente conducirá a derechizar aún más a la centroizquierda oriental, con el pretexto de ganar el centro político para ganar en un balotaje o incluso en primera vuelta.
Las PASO argentinas -que muestran un avance derechista- no son tan distintas en el fondo a otros procesos latinoamericanos aparentemente opuestos, donde triunfa “la izquierda”; la base común es la profunda descomposición de los partidos políticos y el creciente descontento popular. Milei, como antes Bolsonaro, se presenta como un ‘outsider’, alguien ajeno a la “casta política”. Bolsonaro no era ningún ‘outsider’, había sido un mediocre diputado durante décadas. Milei también ha estado siempre cerca de la que el llama “casta”, sobre todo cerca del fascista Bussi en Tucumán, reivindica al menemismo, y encima fue asesor del ex candidato peronista Daniel Scioli. El rápido auge y caída de Bolsonaro mostró precisamente el carácter convulsivo y los vertiginosos virajes de la situación política en el marco de la crisis mundial capitalista. Ni Bolsonaro abrió un “ciclo fascista” ni el retorno de Lula forma parte de un nuevo “ciclo progre”. La situación política latinoamericana está signada por la inestabilidad y por la descomposición de los regímenes políticos: la emergencia de eventuales “monstruos” como Milei solamente se explican por el relativo impasse del movimiento obrero. Los llamados “progresistas” son impotentes frente a la emergencia de movimientos fascistas, y son en realidad quienes los engendran al llevar a los explotados a un callejón sin salida. La experiencia de la rebelión chilena de 2019 mostró justamente el hastío de las masas frente a los procesos de la centroizquierda que mantuvieron lo esencial de las conquistas pinochetistas contra el movimiento obrero (jubilación privada, privatización de la educación y la salud, precariedad laboral, miseria popular). El triunfo de Boric condujo a una nueva frustración “progre” de las aspiraciones de la rebelión de las masas chilenas. Tanto el presidente chileno, como Petro en Colombia, Arce en Bolivia o Lula en Brasil, muestran una versión todavía más impotente y devaluada de la experiencia centroizquierdista y nacionalista de comienzos del siglo XXI. Que el “progresismo” argentino se atrinchere detrás de Sergio Massa con el argumento de enfrentar a Milei y Bullrich, justamente cuando es Massa el que pactó con el FMI y está licuando los salarios de los trabajadores, es la mejor manera de preparar el ascenso de la derecha y hasta del fascismo. Sólo una intervención de los explotados a través de las huelgas y la huelga general, “a la chilena”, puede barrer con la derecha y preparar la lucha por gobiernos de trabajadores.
Es una patraña sostener la fortaleza del régimen y de los partidos políticos uruguayos, que son apenas cooperativas electorales sostenidos artificialmente por la “ley de lemas” -que permite hasta tres candidatos a las Intendencias (principal factor de la “fortaleza” de los blancos en el interior) y la acumulación de hasta decenas de listas por partido (lo cual ha sido llevado al summun por el propio Frente Amplio). Por debajo de la aparente tranquilidad y los ciclos electorales, existe una poderosa tendencia a la disgregación de los partidos políticos, reflejo de las divisiones y disgregación de la propia burguesía y del malestar creciente de los explotados con su situación. Ya las elecciones de 2019 reflejaron en parte estas tendencias disgregadoras con la emergencia en pocos meses de un nuevo partido derechista que llegó a obtener el 11% de los votos. Hoy las encuestas no dan a Cabildo Abierto más del 3%: el “general outsider” defraudó a sus electores que buscaban una salida más enérgica.
El plebiscito constitucional que se aprobó en el PIT-CNT refleja una enorme desconfianza respecto a todos los partidos del régimen, incluido el Frente Amplio cuyos principales dirigentes pidieron una y otra vez que la cuestión de la seguridad social fuera dejada en sus manos (en caso de que llegaran a ocupar nuevamente el gobierno). Esta campaña fue lanzada hace ya dos años por el sindicato de trabajadores de la seguridad social (ATSS), frente a lo que era un discurso convergente entre la derecha y la centroizquierda sobre la reforma jubilatoria. No olvidemos que los primeros anuncios en cuanto a elevar la edad de retiro no vinieron de Lacalle Pou o Sanguinetti, sino de Danilo Astori y ‘Pepe’ Mujica. Con el triunfo de la derecha y la aprobación de la LUC, aparecieron algunas contradicciones entre el Frente Amplio y los sindicatos, que se expresó deformadamente en el referéndum contra la LUC: la dirección del FA no logró impedir el referéndum pero sí que el mismo fuera únicamente sobre 135 artículos y que estos no incluyeran entre otros los artículos 394-398 de la LUC que referían a la seguridad social. El FA integró (al igual que la cúpula del PIT-CNT) la “Comisión de Expertos” presidida por Rodolfo Saldain, ambientando así la reforma del FMI. Los dirigentes frenteamplistas han defendido una y otra vez la continuidad de las AFAP (administradoras privadas de fondos previsionales), que mantuvieron durante los 15 años “progresistas”. En función de todos estos antecedentes, desde ATSS y otros sectores fue emergiendo la posibilidad de un plebiscito constitucional para revertir la reforma jubilatoria y eliminar las AFAP.
La campaña del plebiscito fue atacada por el MPP de Mujica y Yamandú Orsi (probable candidato del FA en 2024) y también por el bloque de Astori y Bergara (ala derecha del FA), incluso antes de que el planteo fuera tratado en la Mesa Representativa del PIT-CNT. Se lanzó un ataque sistemático sobre este movimiento no solamente desde el gobierno y la derecha, sino también desde los jefes del “progresismo”. El PCU fracasó en un intento de mediación al estilo del que llevó adelante con la LUC y su “referéndum parcial”. En aquella ocasión había logrado convertirse en la bisagra que unía al Frente Amplio con el PIT-CNT y la “Intersocial”, arrastrando detrás de su planteo tanto al ala derecha (en la central sindical y el FA) como a la mayor parte del ala izquierda (aunque una parte de los sindicatos votaron por ir a un referéndum contra toda la LUC, en su mayoría se dejaron arrastrar hacia la estrategia del PCU). El PCU, aliado a las corrientes “Articulación” y “En Lucha”, había dirigido la oposición puramente verbal a la reforma jubilatoria, enfrentando los planteos de una lucha más consecuente y por supuesto frenando toda tendencia huelguística contra el gobierno. Sin embargo, en el debate sobre el plebiscito el PCU fracasó y esto en primer lugar porque la cúpula del FA, y el ala derecha del PIT-CNT vinculada a ella, se negó a llevar adelante un plebiscito incluso si este se limitaba a revertir los cambios introducidos en la última reforma jubilatoria -como proponía el PCU. La bisagra se oxidó.
El hecho de que el plebiscito se haya abierto paso muestra una crisis en el control del Frente Amplio sobre el PIT-CNT. Los ataques al plebiscito de José Mujica y Yamandú Orsi, de Mario Bergara y Danilo Astori, de la dirección burocrática de AEBU, pretenden mostrar a la clase capitalista y al imperialismo que el FA no se dejará llevar del brazo por sectores sindicales que pretendan presionarlo “hacia la izquierda”. En esta ocasión, la cúpula “progresista” no intenta disimular la contradicción ni la tendencia al divorcio, sino que la pone de relieve y la profundiza. Dado que la campaña por el plebiscito llevará hasta abril 2024 para obtener las firmas, y continuará hasta octubre 2024 donde se votará simultáneamente con las elecciones, no se trata de una divergencia episódica o fácilmente disimulable.
Desde sectores sindicales, así como desde distintos grupos frenteamplistas (PCU, PS, PVP), se levanta un planteo de “giro a la izquierda” respecto a los gobiernos del FA anteriores. Para el PS, por ejemplo, el plebiscito constitucional estaba al servicio de esta orientación (tal cual resulta de su último congreso). El PCU no articuló claramente este discurso y se ve embarcado en esta campaña más bien a su pesar. Sin embargo, los militantes del PCU ya han salido a pintar por el plebiscito contra la reforma jubilatoria, que empalma con los planteos de una parte de la base de ese partido.
Los ataques desde la cúpula del Frente Amplio contra la iniciativa que es lanzada por el PIT-CNT, FUCVAM y el movimiento estudiantil, pone en discusión la estrategia de subordinación de la clase obrera al “frente popular” dirigido por la burguesía y la pequeña burguesía (un “frente popular” que todos los grupos acaban de acordar debe ampliarse hacia la derecha). La defensa de las AFAP por parte de los Orsi y Bergara muestra que el PCU y el PS están subordinados a un frente burgués y fondomonetarista. La pretensión de “izquierdizarlo” conduce a una nueva frustración de los explotados. Como el progresismo argentino que se encamina a votar al fondomonetarista Massa, el PCU y el PS se encaminan a votar a un defensor de las AFAP, de los pactos con el FMI, del pago de la deuda, de las zonas francas y los subsidios al gran capital y las multinacionales.
La campaña por el plebiscito enfrenta a todos los partidos burgueses, de derecha y de centroizquierda, y plantea la necesidad de dar expresión política a este bloque de sindicatos, organizaciones sociales y activistas de izquierda que tienden a chocar con la dirección burguesa del FA. En el marco de la campaña se impone debatir la necesidad de un Frente de Trabajadores, independiente de todas las variantes burguesas y del FMI.
Es necesario intervenir a fondo en la campaña por el plebiscito, sin suscribir la ilusión de que un cambio en la redacción de la Constitución va a resolver la cuestión jubilatoria y el sometimiento al FMI. Existe sobrada experiencia en cuanto a la capacidad de la burguesía y sus gobiernos (incluidos los “progres”) en cuanto a trampear la voluntad popular e interpretar a su antojo los textos constitucionales. La Ley de Riego bajo el FA y el Proyecto Neptuno bajo la coalición derechista, ambos abiertamente inconstitucionales, son apenas algunos botones de muestra. El cumplimiento del veredicto popular sólo puede lograrse a través de la movilización independiente de la clase obrera, a través de la huelga general y, en perspectiva, sólo puede ser consagrada por un gobierno de trabajadores. La intervención en la campaña contra la reforma jubilatoria y contra las AFAP debe servir para agitar también la cuestión de un plan de lucha y la huelga general contra el régimen del FMI, y no puede limitarse a una mera juntada de firmas. Es necesario organizar desde abajo comisiones barriales, constituir una poderosa coordinadora de esas comisiones, de los sindicatos de base, de las agrupaciones sindicales clasistas, y desarrollar una campaña basada en la movilización de masas, con actos, con marchas, con huelgas, en otras palabras: liberar todas las energías de la clase obrera contra el régimen político del FMI.
