La reforma laboral antiobrera en Brasil tuvo inmediato eco en los capitalistas locales, señalando que los problemas de ‘competitividad’ que tendrán que enfrentar por la brutal reducción del costo laboral. De hecho, el argumento para el cierre de la fábrica de pinturas Scherwin Williams que despidió a todos los trabajadores del área de producción tiene como centro lo que llaman el encarecimiento del costo laboral, producto de una regulación rígida del mercado laboral que debiera ‘modernizarse’. Todas las cámaras patronales se han sumado a este reclamo.
Guerra de clases
La ‘moderna’ reforma impulsada por Temer -con el libreto escrito por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) y la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) significa un retroceso de características históricas para la clase obrera. Habilita la jornada de 12 horas -cuando el máximo era 10-, la reducción del intervalo entre las jornadas y la división de las vacaciones anuales hasta en tres veces. También permite que el dueño de la tierra no remunere necesariamente en salario a los trabajadores rurales, lo cual legaliza el trabajo esclavo.
Por otra parte, los acuerdos individuales por empresa o sector tendrán valor legal aunque no se ajusten a los convenios colectivos vigentes. Amplía las tercerizaciones hasta el propio núcleo de la producción, se introduce la “jornada intermitente”, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual; se elimina el pago de las horas de desplazamiento. Finalmente, se flexibilizan los despidos, retirando la obligación de negociar con el sindicato. Se crea una comisión de representantes de los empleados para negociar con la empresa que debe ser reconocida por el Estado, quebrando la capacidad de negociación de los trabajadores. De este modo, un objetivo central de la reforma es la destrucción de la organización sindical, con la sustitución de los sindicatos por núcleos pro-patronales y/o estatizados.
Como se ve, la ‘modernización’ que pregonan las cámaras patronales uruguayas constituye un programa de guerra de clases contra los trabajadores para imponer la agenda capitalista. El objetivo de fondo no tiene que ver con los costos laborales, sino con someter de manera estratégica y por un tiempo prolongado a la clase trabajadora para resolver, mediante un reforzamiento de la explotación, la crisis sin salida del régimen capitalista.
El camino de Temer
El gobierno, por su parte, aseguró que “no tomará el camino de Temer” (Murro). Sin embargo, como señaló recientemente el titular de Derecho del Trabajo de la Udelar, Hugo Barretto, “la legislación uruguaya es de por sí flexible: la indeminización por despido es la más barata de todo el continente y no requiere preavisos ni autorizaciones; la negociación colectiva es libre, puesto que nada impide que se desarrolle por empresa y aún se sitúe por debajo de los mínimos del Consejo de Salarios merced al mecanismo del “descuelgue”; que el fraccionamiento de la licencia, una de las “conquistas” de la liberal reforma brasileña, lo tenemos en nuestra legislación desde 1958” (La Diaria, 29-8). Por ello, el ajuste en curso se realiza, incluso, sin una reforma ‘a lo Temer’ como lo muestran los cierres de fábricas, los miles de despidos y envíos al seguro de paro. Requiere, por sobre todas las cosas, una colaboración estratégica de las direcciones sindicales con el gobierno. En tanto, para aquellos sindicatos que enfrentan la política de ajuste se impone la prohibición de las huelgas -decreto de esencialidad mediante- al mejor estilo del pachecato.
La clase obrera debe tomar nota de la reforma antiobrera de Temer para enfrentar las batallas que se vienen.
