La destitución (impeachment) de Dilma Rousseff fue votada por el Senado brasileño por 61 votos contra 20, resultado superior al esperado, consumando el cuarto golpe de ropaje parlamentario de la historia reciente de América Latina. El mismo Senado no anuló sus derechos políticos por ocho años, como previsto por la Constitución, de acuerdo a un pacto que, según algunos medios, habría gestionado Lula con el presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB). A cambio, el bloque del PT votaría en el futuro algunas leyes en las que está interesada un ala del PMDB. La maniobra permitiría, también, preservar a Eduardo Cunha, el públicamente corrupto y destituido presidente de la Cámara de Diputados. Renan Calheiros es objeto de nada menos que de ocho investigaciones por corrupción en la operación Lava Jato, con el propio PT. Michel Temer, vicepresidente del mismo PMDB, asumió la presidencia hasta el final del mandato, lo que significa que no podrá ser investigado por corrupción por ese período.
En síntesis, el golpe a sido instrumentado como un encubrimiento de la corrupción generalizada en todo el régimen político y toda la clase capitalista, con la complicidad del PT, que no impulsó ninguna acción de masas en los nueve meses que duró el proceso. El PMDB, partido coaligado al PT por más de una década, es oriundo del sistema político de la dictadura militar, que cada vez que presentó candidatos presidenciales propios desde la vuelta de los gobiernos civiles (Ulysses Guimarães y Orestes Quercia, en las décadas de 1980 y 1990) no llegó al 5% de los votos, lo que no le impide contar con la mayor bancada parlamentaria y el mayor número de intendentes en el país. En las elecciones municipales de octubre próximo (las encuestas dan una caída en picada del PT y la pérdida de su estratégica intendencia en San Pablo), “gane quien gane, el PMDB tendrá las barajas en la mano” (O Estado de S. Paulo (1/9),
Contrariamente a las declaraciones inmediatas de Temer, “la crisis ha sido dejada atrás”), ésta tiene un largo recorrido por delante. El frente golpista ha comenzado a resquebrajarse. El mismo día de la votación del impeachment, la FIESP (gran patronal brasileña) publicó una solicitada de página entera en todos los diarios, que reclama la rebaja inmediata de las tasas de interés (14,25%, o 7% real anual, más altas que la de Argentina), anunciando un choque con los capitales internacionales de la bicicleta financeira. Esta tasa usuraria es, sin embargo, la única ancla de Brasil para evitar la declaración default. La deuda externa de Brasil, por todo concepto, es del 120% del PBI (más de dos billones de dólares). El gran capital brasileño simplemente ha dejado de pagar los impuestos o, como declaró el ministro de economía del gran capital internacional (Henrique Meirelles, del Citigroup), “se está financiando con los recursos del Tesoro Nacional”. La quebrada economía capitalista brasileña se encuentra en la sala de terapia.
Según el principal economista del la Fundación Getulio Vargas (que calcula los índices oficiales), Brasil necesita transformar su déficit nominal de 3% del PBI en un superávit del 2% – un mazazo al presupuesto equivalente a 600 mil millones de reales (casi 200 mil millones de dólares). La “austeridad” de Temer, que ya ha desatado un ataque violento a las masas trabajadoras (corte de gastos sociales, reforma laboral y previsional) está bien lejos de alcanzar objetivo – o sea que es un ajuste que sirve solamente para fogonear la bicicleta financiera..
El viaje inmediato de Temer a la China (para vender a la quebrada Petrobras, última esperanza para evitar la explosión de las finanzas públicas) fue acompañado, sorprendente e injustificadamente, por el mismo Calheiros, que acababa de hacer votar la destitución-absolución de la Rousseff, y que ya actúa como primer ministro de facto. Se está produciendo una implosión del régimen político, lo que transforma a las expectativas electorales del PSOL (una antigua escisión del PT) para las municipales de octubre próximo, en una estrategia a ninguna parte y en un esfuerzo por ocupar una posición de rescate político del régimen vigente.
Poca gente salió a las calles en las capitales en defensa del gobierno destituido, completamente desmoralizado frente a las masas trabajadoras. La manifestación de la semana pasada, en San Pablo (en la Avenida Paulista, la más numerosa) fue objeto, sin embargo, de una salvaje represión por la Policía Militar, con varios heridos por bombas de gas y balas de caucho.
En el PT se ha abierto una crisis, que obligó a suspender sine die el Encuentro Nacional previsto para noviembre, después de las elecciones municipales. Dilma Rousseff, apoyada por un ala (minoritaria) de la dirección nacional defiende una campaña por un plebiscito a favor de elecciones presidenciales inmediatas, mientras la mayoría se orienta hacia un frente parlamentario de oposición (con menos del 20% de la Cámara y menos de un tercio del Senado) para preservar unas hipotéticas chances presidenciales de Lula en 2018 (esto sin logra negociar que no sea encarcelado).
La izquierda clasista no tiene política para intervenir frente a esta gigantesca crisis. Ha aceptado ‘donaciones’ de grandísimas empresas, como la siderúrgica Gerdau, y señala como eje programático “el presupuesto participativo y la seguridad pública” (Luciana Genro, Porto Alegre). Este escenario va a ser sacudido por las huelgas y manifestaciones crecientes que no demorarán en llegar y que ya empiezan con la de los bancarios.
Osvaldo Coggiola
