El Comunicado N° 35 de la Inspección Técnica, firmado por el Inspector Técnico Óscar Pedrozo, fechado el 27 de octubre de 2026, contiene las pautas orientadoras del trabajo de fin de año para las escuelas públicas del país.

El fin de cursos es un momento del año muy movilizante en las instituciones educativas: el “cierre” de los procesos educativos, las actividades finales, los actos, se conjugan con los primeros preparativos del año siguiente.

En este contexto y bajo la denominación “tareas administrativas”, el documento mencionado, enumera una serie de acciones de dispar contenido. Por un lado, están las tareas pedagógicas, que incluyen la evaluación y especialmente, el trabajo particularizado con los estudiantes con “desempeños más descendidos, sin alterar el clima institucional y el normal funcionamiento de las clases”. Por otro, señala tareas de índole administrativa como cerrar registros y otros documentos, la devolución de materiales, actualizar los inventarios y llevar adelante la organización del siguiente año lectivo. Hasta aquí, aunque las pautas son discutibles, no contienen elementos por fuera de la “normalidad”.

Sin embargo, páginas más adelante, ordena a las maestras a ponerse los mamelucos y lijar, limpiar y pintar el mobiliario, cortar el pasto, pintar y acondicionar los salones junto a las familias que integran la Comisión de Fomento, como condición para poder usufructuar su derecho a la licencia reglamentaria.

Insólitamente y con total desparpajo, las autoridades de educación inicial y primaria reconocen que no están dadas las condiciones de “dignidad” de las instituciones (previenen el resguardo de los materiales de la posible acción de roedores) y encomienda las tareas de mantenimiento a las maestras, auxiliares y a las propias familias.

De hecho, para las autoridades de la educación, la responsabilidad del mantenimiento del predio corresponde a la coordinación entre la Comisión de Fomento y la dirección de la escuela, deslindandose completamente de las funciones mínimas del organismo y convirtiendo en obligación el apoyo sistemático y comprometido que las familias trabajadoras realizan diariamente para sostener las escuelas a las que concurren sus hijos.

Está comunicación no es un rayo que cae en noche serena: es la respuesta que el Estado ofrece a las carencias que afectan a la educación pública.

Mientras los bancos obtienen ganancias millonarias, las multinacionales mantienen exoneraciones y subvenciones equivalentes al 7% del PBI, el gobierno se negó a aumentar significativamente el presupuesto educativo.

Lejos de “tender al 6+1” como prometía el FA en campaña, tiende a la baja, alcanzando en torno al 15% de los ya magros rubros solicitados por la ANEP para el quinquenio. En el caso de Primaria, está en curso un proceso de privatización de áreas de mantenimiento y limpieza, al tiempo que los reclamos para el aumento de los cargos para estas áreas, son ignorados sistemáticamente. Este hecho fue denunciado en agosto de este año por AFUPRIM, sindicato de funcionarios de primaria.

El comunicado, además de expresar una verticalidad castrense, subestimar la labor de los docentes en el último tramo del año, coloca en primer plano, las carencias de las instituciones educativas: falta de recursos, infraestructura corroída, falta de equipos multidisciplinarios y de los apoyos necesarios para la labor educativa.

Tal es el escándalo, que FUM-TEP hizo público su rechazo a la disposición, sin colocar planteos de lucha en caso de que no se derogue.

Los docentes debemos extraer las conclusiones necesarias: estas acciones no son un devaneo de los llamados “mandos medios”, por el contrario forman parte de una política de vaciamiento presupuestal de la educación pública y pauperización de los aprendizajes de los hijos de los trabajadores que a ella asisten.

Es necesario discutir en perspectiva un plan de lucha presupuestal que coloque las demandas de trabajadores de la educación y de los estudiantes.