Vázquez y el equipo económico han querido convencer a la población de que la actividad económica florece y muestras signos robustos de expansión. Sin embargo, los indicadores sociales señalan lo contrario. El INE (Instituto de Estadística) publicó recientemente datos que muestran que durante 2015-2016 casi 40 mil trabajadores pasaron a engrosar la filas de desempleados.
Del informe se infiere que el aumento de los desocupados es consecuencia del derrumbe de sectores como la construcción y la industria, con cierres de fábricas como Fanapel, Fripur, Ecolat, Schreiber Foods, Chery Socma, entre otras industrias. Entre los desocupados debe incluirse, además, a los jóvenes, los trabajadores de menor nivel educativo, y determinadas categorías de trabajadores de servicios. Por supuesto, este flagelo afecta especialmente a la mujer trabajadora. A esta situación debe agregarse la masa de trabajadores precarizados que alcanza un 30 %, con salarios que cubren menos de un cuarto de la canasta familiar.
En un marco de “huelga de inversiones”, es decir, de parálisis de la industria e importantes sectores de la economía la tendencia es a un agravamiento de la precarización, los despidos y envíos al seguro de paro.
La responsabilidad de esta crisis social que se asoma es del gobierno y de la propia burocracia sindical, que está dejando pasar el ajuste contra el pueblo sin convocar a ninguna acción del movimiento obrero. Se vuelve fundamental desenvolver un plan de acción del movimiento obrero por la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin rebaja salarial.
El crecimiento del desempleo es la consecuencia de una década de políticas de beneficios al gran capital y, como contrapartida, de desvalorización del precio de la fuerza de trabajo. Es la estrategia con la encara el gobierno la crisis capitalista.
No es posible resolver la desocupación sin afectar al capital, sino mediante una reorganización económica y social sobre nuevas bases.
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