Venezuela: autogolpe, golpistas y ajustadores

Fotografía de infobae.com
Nicolas Marrero
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Docente, sociólogo egresado de la Universidad de la República. Dirigente del Partido de los Trabajadores (Uruguay).
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La clase obrera debe dar su propia salida

Hace apenas unos días el gobierno de Vázquez emitió una declaración conjunta con los gobiernos derechistas continentales de Macri, Temer y Trump donde se reclama el llamado a elecciones inmediatas. Durante el último año y medio, Vázquez fue acompañando el viraje de signo político en América Latina, en este caso pasando al campo diplomático que presiona por un cambio de régimen en Venezuela. La pérdida del chavismo en 2015 de las mayorías parlamentarias a favor de la derecha, inicio un período donde este ‘campo diplomático’ se orientó por una transición pactada que debía fijar elecciones, con la mediación del Vaticano.

Esta mediación fracasó en todos sus términos, lo que revela la resolución de Maduro de suspender las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional pasándolas a la Sala Constitucional del Poder Judicial. Un autogolpe que profundiza un régimen de facto, que se da en un cuadro de crisis, devaluación e inflación, y de un ataque a la clase obrera, es por tanto, reaccionario. Chávez había construido un régimen plebiscitario secundado por las fuerzas armadas. Con Maduro la base plebiscitaria se pulverizó como consecuencia del desbarajuste económico y el arbitraje político fue pasando a las fuerzas armadas, que ahora se fortalecen en su rol de árbitro. La militarización creciente del Estado, incluso si es una militarización ‘bolivariana’ no es progresiva, sino reaccionaria. Históricamente, estos gobiernos de facto han presidido las transiciones entre regímenes políticos e incluso sociales, mediando entre las fuerzas en disputas. Por ello, los sectores de la derecha venezolana reclaman a las fuerzas armadas un golpe militar contra Maduro.

Default y remate

El autogolpe tiene como detonante la situación de default de PDVSA y el gobierno central que tiene que gatillar más de 3.700 millones dólares de deuda, en un cuadro de desangre de los recursos públicos. Maduro, comenzó negociaciones con Putin para privatizar Petropier, una petrolera de propiedad mixta de Chevron y PDVSA, cediendo las acciones de esta última a la rusa Resneft. Trump, por su parte, interviene de forma velada en el marco de sus propias negociaciones con Putin para acelerar este remate. En resumen, el derrumbe del chavismo ha convertido a Venezuela en campo de orégano de la disputa por nuevos repartos de sus recursos entre las potencias capitalistas. Sin embargo, Maduro requería de la aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la derecha para realizar esta operación. La resolución del Tribunal Supremo de Justicia que suspende al legislativo señala a texto expreso la habilitación del Poder Ejecutivo para constituir empresas mixtas, en donde la Asamblea Nacional “no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones”. Se trata, sin embargo, de una medida desesperada que avanza sobre el sello principal del chavismo, la nacionalización de la renta petrolera en cuadro de crisis financiera galopante. El autogolpe es una muestra de la incapacidad de gobernar de Maduro, un colapso que otorga a los militares una justificación para derrocarlo y prefigurar un gobierno de facto (golpista) de la derecha, que debería contar con el apoyo de Trump-Putin para realizar una reorganización social catastrófica para los trabajadores. La oposición derechista en Uruguay, Almagro y el gobierno de Vázquez se encaminan detrás de esta salida.

Asamblea Constituyente y Congreso de Trabajadores

En este contexto, la izquierda por fuera del chavismo y el movimiento obrero clasista se encuentran en una encrucijada. De un lado, porque se orienta -como hasta el momento- en nombre de una ‘lucha contra la derecha’ a renunciar a una acción política independiente e ir a la rastra del nacionalismo –como pregona el PCU, aquí en Uruguay-, del otro, porque algunas organizaciones de izquierda en nombre de la lucha contra el ajuste y autogolpe de Maduro decantan hacia un frente popular democrático con la derecha. En oposición al autogolpe de un gobierno militarizado de facto, por un lado, y a las salidas derechistas golpistas, del otro, hemos señalado (en la Conferencia Latinoamericana en 2016, http://pt.org.uy/tesis-de-la-conferencia-latinoamericana/) nuestra propuesta tentativa de convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, que permita a la izquierda venezolana arribar a un acuerdo práctico en torno a una reivindicación política de conjunto.

Un planteo de este tipo debería servir para reunir asambleas populares que puedan postularse como convocantes de esta constituyente, y permita a la clase obrera intervenir para desarrollar su propia salida, de forma independiente de las fuerzas capitalistas en disputa. Por otra parte, la convocatoria a un Congreso de Trabajadores ayudaría a fortalecer este planteo y movilizar a los trabajadores detrás de un programa que exprese la satisfacción de las necesidades populares: contra la entrega de la renta petrolera, la gestión obrera colectiva de PDVSA y un plan económico de emergencia que incluya la suspensión del pago de la deuda externa; la nacionalización de los bancos y las grandes empresas que asegure el abastecimiento de la población; el control obrero del comercio exterior y de cambios. Por un gobierno de la clase obrera y los Estados Unidos Socialistas de América Latina, incluido Puerto Rico.

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