Un paquete de ajuste al servicio del gran capital

El gobierno presentó un paquete de ajuste fiscal que aumenta los impuestos a los trabajadores, recorta gastos sociales y limita el ingreso de funcionarios públicos, con el objetivo de “disminuir el déficit fiscal en un punto porcentual del PBI”.

El déficit fiscal se encuentra actualmente en un 3,6% del PBI (el mayor en 13 años) y es el resultado de la sangría estatal que constituyen el pago de la deuda externa y los subsidios y exoneraciones impositivas al capital. El gobierno necesita bajar el déficit en las cuentas públicas para mantener el “grado inversor” que le permita continuar endeudándose. El ajuste responde a las exigencias del capital financiero; no es casualidad que estas medidas se anuncien en el marco de la visita de la calificadora de riesgo Moody´s a nuestro país.

En un contexto regional de ajuste brutal contra el pueblo trabajador, el gobierno del FA se alinea con la política de Macri y Temer de descargar la crisis sobre los trabajadores. En nuestro país, el ajuste no se reduce a los anuncios recientes. A principios de este año asistimos a un tarifazo y a un aumento del boleto. El gobierno se mantiene firme en las pautas salariales fijadas el año pasado: con una inflación que alcanza el 10,5%, significan desindexación salarial y caída del salario real para la mayoría de los trabajadores. El gobierno permite los despidos y suspensiones masivos, que de conjunto alcanzan a 70 mil trabajadores entre el 2015 y lo que va del 2016. Frente a esto, impulsa la flexibilización laboral (reducción de la jornada laboral rebajando el salario) de la mano de las patronales y con la complicidad de la dirección oficialista del PIT-CNT.

Impuestos a los trabajadores, subsidios a los capitalistas

El paquete de ajuste anunciado por el gobierno aumenta el IRPF en 3 o 4 puntos porcentuales a partir de $33400 nominales, pero a través del tope a las deducciones, también se afectarán los salarios más bajos. Se trata de un impuesto que no es progresivo hacia las franjas más altas y que grava al salario y no a la ganancia. Nadie puede afirmar que gana más quien apenas accede a la mitad de la canasta familiar que se ubica al día de hoy alrededor de los $65000, más aún cuando muchos trabajadores logran acceder a esos salarios a partir de trabajar en dos lugares y/o con jornadas laborales muy extensas. El anuncio confirma la pauperización de los salarios uruguayos luego de una década de gobierno del FA y de crecimiento económico: el 70% de los trabajadores no llega a la franja afectada por el aumento, casi 900.000 uruguayos ganan menos de $30.000 y el 40% gana menos de 22 mil pesos.

La medida de bajar 2 puntos de IVA para el uso de crédito o débito que se presenta como paliativo busca extender la liquidez de los bancos, y apunta a consolidar aún más las ventas de las grandes superficies que continúan remarcando los productos incluso en un 100% de su costo.

La política impositiva continúa recayendo cada vez más sobre los trabajadores, mientras las grandes empresas y el gran capital siguen siendo exonerados: más del 70% de la recaudación fiscal la pagan los trabajadores a través del IVA y del IRPF. El IRAE mantiene la reducción a un 25% y sigue siendo solo la quinta parte de la recaudación del Estado. No se modifica ninguna tasa del impuesto al patrimonio. No se cambian las exenciones y devolución de impuestos a la inversión, ni se reveen las exoneraciones que se realizan mediante la ley de inversiones. No se afectan los beneficios fiscales de las zonas francas. No se gravan las rentas agrarias extraordinarias. No se tocan las transferencias al exterior de intereses, utilidades y dividendos, en particular de las multinacionales asentadas en nuestro territorio. De conjunto las exoneraciones fiscales a las empresas constituyen 2700 millones de dólares. Sólo quitando estas exoneraciones al capital, el gobierno podría eliminar el déficit fiscal y al mismo tiempo alcanzar por ejemplo el 6% del PBI para ANEP-UdelaR.

Recorte del gasto social y achique del Estado

Desmintiendo los anuncios oficiales de que no se tocaría el gasto social, el gobierno anunció para la Rendición de Cuentas la postergación del 12% del aumento, del ya insuficiente presupuesto de dos años aprobado en 2015, postergando recursos previstos para 2017 al 2018, lo que constituye un recorte del gasto social. Se quitan así los siguientes recursos: 455 millones a la salud, entre los que se encuentran 55 millones para el Hospital de Clínicas, 200 millones a INAU, 1437 millones a la educación: 544 mil de Udelar y 793 mil de ANEP. La contracara de este des financiamiento presupuestal es la ofensiva privatizadora a través de las PPP y la Corporación Nacional para el Desarrollo: la Ley de Presupuesto del año pasado abre de par en par la puerta a la construcción de infraestructura con participación de privados. El capital presiona para profundizar la privatización como complemento del ajuste y Vázquez acompañó los anuncios de recorte de gastos con un llamado a desarrollar de forma más ágil los proyectos de Participación Público Privada.

Junto al recorte y postergación de gastos se restringirá el ingreso de funcionarios tanto a la Administración Central como a las empresas públicas, “al menos hasta el final de este gobierno”. De 293.000 vínculos laborales del Estado, solamente un 36% son trabajadores presupuestados. El gobierno del Frente Amplio ha desarrollado la precarización laboral a través de las tercerizaciones, pasantías y contratos a término. En los últimos días Astori declaró que el país enfrenta un “exceso” de funcionarios que es “necesario combatir y enfrentar” como forma de reducir el gasto. Al igual que la derecha blanqui-colorada en la década de los 90’, el gobierno del FA prepara un achique del Estado y una profundización de la precarización laboral para cumplir con las exigencias del gran capital. Estas medidas agravan el problema de la desocupación.

Vamos por un paro general

La dirección oficialista del PIT-CNT se ha negado a parar contra el ataque al salario, los despidos y suspensiones en masa. Desde el anuncio del paquete de ajuste está haciendo malabares para evitar un paro contra estas medidas: lo pospusieron para fines de junio y lo condicionan al desarrollo de las negociaciones con ‘su’ gobierno. Este inmovilismo se corresponde con la política del PCU y el MPP de alinearse con Vázquez-Astori en la aplicación del ajuste, intercalando este apoyo de facto con algunas críticas para la tribuna. Astori ya rechazó la propuesta que el PIT-CNT entregó al MEF, ya no hay excusas: hay que convocar un paro nacional de 24 hrs contra el ajuste, en defensa del trabajo y el salario.

¿Qué programa para enfrentar el ajuste?

El anuncio del ajuste despertó una tibia crítica por parte de la dirección oficialista del PIT-CNT, junto a sectores del Frente Amplio como el PCU, el PVP y el MPP. Apenas unos días atrás, Mujica anunció que la bancada del MPP votará lo que “decida Tabaré” en materia presupuestal. Tanto la dirección de la central sindical como estos sectores del FA critican que se grave la franja por debajo de los 50 mil pesos y proponen una serie de parches cosméticos para redistribuir las fuentes de recaudación fiscal; pero ninguno cuestiona el ajuste ni propone eliminar los impuestos al salario y el consumo y orientar la recaudación estatal al gravamen progresivo al gran capital. Algunos sectores de izquierda (incluso dentro FA) contraponen al paquete de ajuste la necesidad de medidas “contra-cíclicas” para salir de la crisis, negando la magnitud y el lugar histórico de la crisis en curso y proponiendo reformas inviables al capital.

Es preciso abrir una gran deliberación en el movimiento popular para aprobar un plan de acción y un programa de reorganización económica del país basado en el no pago de la deuda externa y los impuestos progresivos al gran capital (basta de exoneraciones fiscales) para financiar la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura pública; nacionalización de la banca y del comercio exterior; aumento de emergencia de los salarios para combatir la inflación y los tarifazos, llevando el salario mínimo al menos a $32 mil pesos; prohibición de los despidos y suspensiones: reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin rebaja salarial, estatización y control obrero de toda fábrica que cierre o despida.

Martín Girona