El gobierno presentó un paquete de ajuste fiscal que aumenta los impuestos a los trabajadores, recorta gastos sociales y limita el ingreso de funcionarios públicos, con el objetivo de “disminuir el déficit fiscal en un puto porcentual del PBI”.
El déficit fiscal se encuentra actualmente en un 4% del PBI (el mayor en 13 años) y es el resultado de la sangría estatal que constituyen el pago de la deuda externa y los subsidios y exoneraciones impositivas al capital, a lo que hay que sumar los huecos fiscales que dejaron el vaciamiento y los negociados entorno a Pluna y Ancap.
El gobierno necesita bajar el déficit en las cuentas públicas para mantener el “grado inversor” que le permita continuar endeudándose. El ajuste responde a las exigencias del capital financiero; no es casualidad que estas medidas se anuncien en el marco de la visita de la calificadora de riesgo Moody´s a nuestro país.
Impuestos a los trabajadores, subsidios a los capitalistas
El gobierno se congratula de que, gracias a la modificación del aumento impositivo, más de un millón de trabajadores no serán afectados. El anuncio confirma la pauperización de los salarios uruguayos luego de una década de gobierno del FA y de crecimiento económico: cuando la canasta familiar ronda los $65.000, más de un millón de trabajadores tienen sueldos por debajo del los $40.000; 900.000 trabajadores ganan menos de $30.000 y el 40% gana menos de $22.000.
La medida de bajar 2 puntos de IVA para el uso de crédito o débito que se presenta como paliativo, no alcanza a la totalidad de los trabajadores y beneficia principalmente a los bancos y las grandes superficies, que continúan remarcando los productos incluso en un 100% de su costo.
La política impositiva continúa recayendo cada vez más sobre los trabajadores, mientras las grandes empresas y el gran capital siguen siendo exonerados: más del 70% de la recaudación fiscal la pagan los trabajadores a través del IVA y del IRPF. El IRAE mantiene la reducción a un 25% y sigue siendo solo la quinta parte de la recaudación del estado. No se modifica ninguna tasa del impuesto al patrimonio. No se cambian las exenciones y devolución de impuestos a la inversión, ni se reveen las exoneraciones que se realizan mediante la ley de inversiones. No se afectan los beneficios fiscales de las zonas francas. No se gravan las rentas agrarias extraordinarias. No se tocan las transferencias al exterior de intereses, utilidades y dividendos, en particular de las multinacionales asentadas en nuestro territorio.
De conjunto las exoneraciones fiscales a las Empresas constituyen 2700 millones de dólares, el equivalente al 6% del PBI. Sólo quitando estas exoneraciones al capital, el gobierno podría eliminar el déficit fiscal y al mismo tiempo alcanzar el 6% del PBI para ANEP-UdelaR.
Recorte del gasto social y achique del Estado
Desmintiendo los anuncios oficiales de que no se tocaría el gasto social, el gobierno anunció para la rendición de cuentas la postergación de una parte del aumento del ya insuficiente presupuesto a dos años aprobado en 2015, postergando recursos previstos para el 2017 al 2018, constituyendo un recorte del gasto social. Si bien el último anuncio retrocedió en la postergación de algunos gastos vinculados a la educación, se mantiene el recorte de recursos a la salud, en particular al Hospital de Clínicas, al INAU y en algunas áreas de la educación pública. Sin embargo, no hay un sólo recorte presupuestal al aparato represivo del Estado: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa salen ilesos del ajuste.
La contracara de este desfinanciamiento presupuestal es la ofensiva privatizadora a través de las PPPs y la Corporación Nacional para el Desarrollo: la Ley de Presupuesto del año pasado abre de par en par la puerta a la construcción de infraestructura con participación de privados. El capital presiona para profundizar la privatización como complemento del ajuste y Vázquez acompañó los anuncios de recorte de gastos con un llamado a desarrollar de forma más ágil los proyectos de Participación Público Privada.
Junto al recorte y postergación de gastos se restringirá el ingreso de funcionarios tanto a la Administración Central como a las empresas públicas, “al menos hasta el final de este gobierno”. De 293.000 vínculos laborales del Estado, solamente un 36% son trabajadores presupuestados. El gobierno del Frente Amplio ha desarrollado la precarización laboral a través de las tercerizaciones, pasantías y contratos a término. En los últimos días Astori declaró que el país enfrenta un “exceso” de funcionarios que es “necesario combatir y enfrentar” como forma de reducir el gasto. Al igual que la derecha blanqui-colorada en la década de los 90, el gobierno del FA prepara un achique del Estado y una profundización de la precarización laboral para cumplir con las exigencias del gran capital. Estas medidas agravan el problema de la desocupación.
El paquete presentado en la Rendición de Cuentas no presenta una salida progresiva para la clase trabajadora, al contrario tiene una orientación capitalista de fondo. Es la radiografía de los intereses sociales que ha defendido el gobierno durante una década.
