El fallecimiento del ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro el pasado 5 de agosto abre, en relación a la lucha por terminar con la impunidad, un conjunto de preguntas sobre el futuro del tema y el proyecto político del gobierno más allá del ministro de turno.
¿Era Fernández Huidobro la traba para avanzar por juicio y castigo a los militares responsables de tantas desapariciones, secuestros y torturas?
Desde los militantes de derechos humanos frenteamplistas y partidos como el PCU o sectores allegados a Constanza Moreira, las razones de los pocos avances (y de los retrocesos) recaían sobre personalidades del gobierno. Principalmente sobre el ex ministro de Defensa. Sin embargo, se trata de un proyecto político del conjunto de la coalición de gobierno y por lo tanto son todos responsables.
La responsabilidad tiene que ver principalmente con el apoyo (presupuesto tras presupuesto) que han tenido las Fuerzas Armadas (FF.AA.), lejos de avanzar en una reforma de las mismas, como plantean algunos sectores del FA. Tiene que ver también con un apoyo político hacia las FF. AA, como por ejemplo la reciente propuesta apoyada desde gran parte del gobierno de que se hagan cargo de los “ni-ni”. Tiene que ver con mantener en puestos militares a antiguos involucrados en delitos de lesa humanidad y también con que otros sigan cobrando sus enormes jubilaciones a pesar de sus sentencias. Sentencias que no son más que prisiones domiciliarias, defendidas además por Mujica, ¿cómo vamos a tener a “viejitos” encerrados en lugares inhóspitos?
El nuevo ministro de Defensa es Jorge Menéndez (Partido Socialista), quien hasta entonces era subsecretario de Defensa, cargo que asumió Daniel Montiel (MPP). Este último estaba al frente de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, el organismo que regula toda la actividad pesquera, y tiene como grave antecedente una denuncia de 2010 (que finalmente quedó archivada) por irregularidades administrativas que habrían favorecido a los dueños de FRIPUR, Máximo y Alberto Fernández (Brecha, 12/8/16). Su pasado político nada tiene para relacionarlo con una responsabilidad en el ministerio de Defensa. Queda en claro, que la política de impunidad va más allá de quiénes estén al mando del Ministerio, se trata de una conciliación completa que prácticamente no se ha modificado desde el pacto del Club Naval hasta la actualidad.
Para lograr juicio y castigo es necesaria la movilización de los trabajadores y estudiantes de manera independiente, sin ataduras con ninguno de los partidos que gobernaron y han mantenido la impunidad hasta con mayorías parlamentarias.
Por la apertura de todos los archivos y el encarcelamiento de todos los militares que asesinaron y torturaron tanto en dictadura como en la democracia anterior y posterior.
