Nuevamente, enero encuentra a los trabajadores de SINTEP frente a una arremetida patronal: esta vez, encabezada por los Colegios Cervantes, Sagrada Familia y Elbio Fernández. Los tres casos condensan los aspectos más nefastos de la educación privada: arbitrariedad, incumplimiento de la normativa laboral y los derechos de los trabajadores, persecución antisindical y lucro empresarial asociado a la mercantilización de la educación. El gobierno, por su parte, ignora las denuncias, siendo cómplice de la política antiobrera de las patronales.
Tras diversas reuniones, el Colegio Sagrada Familia fue denunciado por el sindicato por persecución antisindical (hacia una compañera que es delegada del núcleo de base), denuncia que fue respondida por parte de la patronal, con el despido de la trabajadra, el pasado 30 de diciembre, a un día de terminar el año. Anteriormente, la empresa había incumplido sistemáticamente con sus responsabilidades: por ejemplo, el pago de horas extras. El despido se produce, además, en una etapa del año en que el sindicato se encuentra en una evidente debilidad: las clases terminaron y es muy difícil actuar de conjunto frente a estos abusos.
La “razón” esgrimida es una resolución que busca tercerizar los servicios de limpieza y mantenimiento, aunque resultó que la única despedida fue la denunciante. ¡Vaya casualidad!
Por su parte, el Colegio Cervantes incumplió sistemáticamente con la normativa laboral: adeudo de horas extras, salarios, etc. La tenaz lucha de los trabajadores, logró ordenar parcialmente esta situación, aunque se mantiene un duro embate patronal.
En el Colegio Elbio Fernández, se despidió a una maestra de un día para el otro, después de dedicar la mitad de su vida (31 años) a esa institución. Al mismo tiempo (nuevamente el componente anti-sindical) la patronal le reduce 42 horas de su carga horaria (de 50hs a 8) a otra trabajadora. En ambos casos, no existe otro componente que el atropello decidido de los derechos laborales: el Colegio prácticamente duplicó su matrícula, en gran medida, fruto de la incorporación de estudiantes que asistían al Colegio José Pedro Varela (que en 2015 fue vaciado por su directiva, dejando a varios trabajadores sin empleo, situación que se agrava en el presente año).
El Ministerio de Trabajo está al tanto de estas situaciones, dado que, según Sergio Sommagura (Radio Uruguay, 4 de enero de 2017), el sindicato ha establecido denuncias sistemáticas a las autoridades correspondientes. Sin embargo, su accionar se ha limitado a constituir mesas de negociación, que las patronales desconocen de forma totalmente unilateral, incluso, levantándose de las mismas. Para los patrones, no existe la “cláusula de paz”.
El MEC, organismo público que regula la educación privada en Uruguay, se encuentra en una grave omisión, dado que las empresas se reproducen con escasos controles, siguiendo únicamente la búsqueda del lucro, las leyes del mercado. Esto no es casual, recordemos que, durante la campaña electoral, el FA defendió los vouchers educativos y con ellos, la privatización lisa y llana de la enseñanza; mientras se planteaba como modelo educativo los colegios “públicos de gestión privada”, los cuales se han incrementado en este período de gobierno, fruto de condiciones muy aptas.
Este ataque a la educación pública, se procesa desde las leyes vigentes, que eximen a los colegios privados del pago de IRAE, aportes patronales, impuestos municipales, lo que constituye enormes sumas de dinero que el Estado no percibe. Un ejemplo claro es que, en 2015, las “donaciones” de empresas a instituciones privadas sumaron un total de 44 millones de pesos, de los cuales 36 millones fueron asumidos por el Estado (180.com.uy, 1/8/16). Ante un proyecto de ley que planteaba la posibilidad de gravar a privados, el Ministro Astori sostuvo “No estoy de acuerdo, me parece que es una medida que no deberíamos poner en práctica. Creo que es necesario mantener condiciones de equidad desde el punto de vista del apoyo a toda la enseñanza superior del país” (180.com.uy, 1° de agosto de 2016). Para muestra basta un botón, el gobierno del FA, que recorta el presupuesto de la educación pública, está comprometido con la educación de la burguesía, bajo el lema de la “equidad”.
La educación privada es un mecanismo de mercantilización, que va en contra de la formación integral y un sistema educativo único. Los partidos patronales están unidos detrás de su defensa, los acuerdos multipartidarios buscan trasladar su lógica empresarial a la educación estatal.
Para combatir todos estos problemas, es imperativo estatizar todas estas instituciones, que formen parte del sistema público estatal, para que allí se formen todos los estudiantes del país en las mismas condiciones y se garanticen la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores; con un presupuesto acorde a las necesidades.
De forma inmediata, en este año donde se auguran grandes luchas, es necesario que los trabajadores de la educación desarrollemos verdaderas coordinaciones entre los sindicatos, para profundizar una plataforma y un accionar en común, desterrando la concepción burocrática de los conflictos parciales.
Si queremos derrotar a las pautas de hambre del FA, el tarifazo, el recorte presupuestal, las privatizaciones y a la “contrarreforma antieducativa”, es fundamental golpear unidos y exigir al PIT-CNT que defienda la educación pública (y los puestos de trabajo en la educación privada), a través de un plan de lucha que comience con un paro activo de 24 horas.
