Senado aprueba histórico ajuste sobre los trabajadores

El pasado martes 13 el Senado aprobó en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. La educación, la salud y la vivienda siguen siendo pisoteadas. Se prioriza el pago de la deuda a los usureros internacionales y subsidios a las multinacionales. De este modo, se consumó el primer ajuste del Frente Amplio en el timón del Estado sobre la clase obrera y sectores populares.

De conjunto, el presupuesto del Estado es financiado mayoritariamente por los trabajadores a través de impuestos directos al salario o al consumo. El IVA representa en cualquier canasta obrera un 21% del total del salario (disimulado en la boleta del super). Es decir un Salgado (empresario del transporte) paga porcentualmente lo mismo que un docente. Este impuesto confiscatorio del salario, a pesar de haber bajado algún punto (si compra con tarjeta), sigue siendo regresivo. Los impuestos directos al salario por IRPF aumentan a partir de la tercera franja en 4 y 5%, es decir para salarios que están por debajo de la canasta familiar.

La otra pata del ajuste en la rendición de cuentas son los gastos sociales. Desde el Poder Ejecutivo las intenciones eran recortar gastos en educación. A partir de las movilizaciones de trabajadores y estudiantes los legisladores debieron recular en esta medida y dejar intacto el magro presupuesto aprobado en 2015 a la educación pública. Los senadores tuvieron la tarea de redistribuir el ajuste, transfirieron finanzas desde varios incisos del Estado hacia la Udelar y Anep principalmente.

Las personalidades políticas más reconocidas del oficialismo implementaron distintas maniobras para aprobar el ajuste sin mayores consecuencias políticas. Desde minimizarlo como el sector de Astori argumentando que se trataba de una “consolidación fiscal” hasta el circo que armaron los diputados “rebeldes”. Estos propusieron suprimir las exoneraciones fiscales a las donaciones a universidades privadas, finalmente en senadores redujeron el tope de la exoneración a un 40%.

Desde la oposición critican este ajuste porque consideran que, debido a los números en rojo del estado, debería se aún mayor.

La estructura financiera y de gastos presupuestal aprobada ratifica una vez más la orientación social de este gobierno ajustador.