Reforma educativa y privatización; la otra cara del ajuste educativo.

El proceso de agravamiento de la crisis capitalista ha golpeado duramente a América Latina, a partir de una fuerte caída de los precios de las materias primas y las ingentes cantidades de dinero que deben destinarse al pago de la deuda externa.

En este contexto, los gobiernos “nacionales” y “progresistas”, están en un franco enfrentamiento con los trabajadores, a través de diversas modalidades de confiscación del salario (tarifazos, pautas salariales verdaderamente miserables, por ejemplo), así como enormes recortes presupuestales en el llamado “gasto social”.

Este panorama, indudablemente repercute en la educación, que fue especialmente golpeada por el recorte que está sufriendo el ya magro presupuesto asignado (junto con la salud pública, representan el 90% del total del “ahorro” presupuestal). A su vez, desde el gobierno se ha anunciado que el ajuste es insuficiente, por lo que sufriremos nuevos embates en breve.

Para poder implementar este plan de ajustes, es necesaria la reforma educativa. Es decir, el sistema tal y como está estructurado no puede sostenerse con aún menos presupuesto, por lo que el gobierno del FA y sus aliados de la multipartidaria, no dudan en proyectar y promover todo tipo de modificaciones curriculares para reducir el gasto. La educación se pauperiza así, desde todo punto de vista: académicamente, al rebajar los contenidos necesarios para aprobar un curso; presupuestalmente, al negar los recursos para que las instituciones cuenten con la estructura necesaria para desarrollar una enseñanza integral; laboralmente, al explotar al máximo a los trabajadores a través de imposiciones salariales y buscando flexibilizar la normativa vigente, intentando desconocer a los sindicatos y los derechos conquistados. Ejemplos de esta política sobran, como los FPB y Rumbo en UTU, Plan 2016 en CES, los “Pro” en el marco de CODICEN, etc.

A su vez, tras la pauperización, que deriva en la destrucción del sistema educativo, se procesa la privatización del mismo, bajo modalidades muy variadas: bouchers para la primera infancia, tercerización de las obras de infraestructura y toda el área administrativa y de servicios, ingreso de ONG’s con variadas funciones, modelos de gestión público-privada como el Jubilar, etc.

Se trata de un fenómeno continental, no es casual que la reforma educativa que intenta aplicar el gobierno de Peña Nieto a sangre y fuego se enfrente a la lucha tenaz de miles de docentes, como tampoco lo es la huelga docente en San Pablo y en varias provincias de Argentina: se trata de un contexto en el que los trabajadores estamos llamados a enfrentar durísimas batallas.

Ante este ataque a la clase trabajadora, es necesario volver a ganar los sindicatos, para que sean verdaderas herramientas de lucha, removiendo a la burocracia sindical y su política de contención del movimiento obrero. Reagrupar a los luchadores clasistas, que buscan defender a la educación pública, se torna hoy una tarea fundamental, si queremos que la crisis la paguen los que la provocaron y no los trabajadores, colocando un programa de reivindicaciones: 6% del PBI, efectividad para todos los contratados y pasantes, defensa de los derechos conquistados, no a la privatización y a la reforma impulsada por los organismos internacionales.

Luego del paro del 14 de julio, continuemos con la movilización contra la política educativa del hambre y la destrucción de la educación pública, unificando las luchas con nuestros hermanos de clase.