El próximo 23/1 tendrá lugar el siguiente capítulo del conflicto de los ruralistas con el gobierno. En Durazno se celebrará la “asamblea de autoconvocados” en la que, según sus voceros, se espera una asistencia de 20 mil personas.
Quienes promueven la asamblea dicen no sentirse representados por ninguna de las gremiales del campo. Sin embargo una lectura detenida del programa con el que se ‘autoconvocan’ no refleja diferencias con los reclamos de las patronales del agro. En ningún momento se apartan del reclamo sobre el atraso cambiario -presionando por una devaluación del peso- y disminuir el ‘peso del Estado’. Para despejar dudas El País informa en la edición del miércoles 17 que “El ex presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly, escribió que “lo que Vázquez dice que “no piensa cambiar”, es lo que debe cambiar urgente: la política económica y fiscal, para eso hay que cortar con el derroche de los dineros públicos”.
Detrás de los autoconvocados, opera en las sombras el gran capital agrario, que busca presentarse como representante de “los más débiles de la familia rural” utilizando a los pequeños productores como punta de lanza de los intereses de un sector en donde la concentración de capitales es particularmente importante.
El gobierno aceptó la renuncia del ministro y empresario arrocero Aguerre -luego que lograra aprobar la Ley de Riego-, y encaró un diálogo ‘cojo’ con los capitalistas campestres que logró meter una cuña entre la Asociación y la Federación rural. El Partido Nacional, consumido en purgas departamentales entre intendentes Lacallistas y Aliancistas fogonea el conflicto y hasta desarrolló ‘un ala piquetera’, pero es incapaz de capitalizar la crisis.
El novel ministro Benech en tono conciliador ya anunció un incremento de 6 millones de dólares en el fondo de ayuda para los tamberos, y ruega que todas las partes se sienten a dialogar. Este mensaje dejó en offside a los dirigentes oficialistas que salieron a catalogar las movilizaciones como golpistas. Los ‘golpistas’ ya están sentados en la mesa con Vázquez, la discusión es cuál es el monto de la factura a endosarle a los trabajadores asalariados -de la ciudad y del campo-. Nótese la prisa con que el gobierno negocia con los empresarios rurales, equiparable a la con la que decreta la esencialidad hacia los trabajadores en conflicto.
En un contexto de fuerte endeudamiento estatal y un altísimo déficit fiscal, cualquier nuevo subsidio a los empresarios rurales debe compensarse con más impuestos y aumento de tarifas, y recorte del gasto social. Estos elementos implican profundizar el ajuste sobre los bolsillos y condiciones de vida de los trabajadores.
Toda la oposición parlamentaria se alineó de una u otra forma con la movilización en favor de los ruralistas, incluido el 26 de Marzo que desde su diario y radio dio amplia cobertura y apoyo a los ‘pequeños y medianos productores’. El principal sector de la UP se encolumna con el gran capital agrario con la coartada de la pequeña producción, en lugar de denunciar la superexplotación de los trabajadores rurales y el acaparamiento de los beneficios por parte de las agrofinanzas y multinacionales, junto a los acaparadores de la tierra. Todo edulcorado con una buena dosis de fraseología ‘artiguista’.
El peso económico de los pequeños propietarios rurales es casi nulo frente al de los grandes capitalistas del sector. Y el programa de devaluación y más subsidios es funcional a éstos -como exportadores-, por más que lateral y supuestamente implique un ‘beneficio’ para aquellos. El trasfondo de esta crisis es el fuertísimo endeudamiento del agro en relación al PBI del sector -75%, equivalente a la friolera de 4 mil millones de dólares-. La presión de una devaluación en aras de mejorar la competitividad es una quimera aun para el propio agro. Es el sector que está más endeudado en dólares -cerca de un 98% de su deuda-. Es decir que una suba del dólar sería un verdadero nudo gordiano. Esto supone ahondar aún más la crisis para los empresarios rurales que abastecen preferentemente el mercado interno, entre ellos naturalmente los más pequeños.
Los compromisos que pueda cerrar el gobierno con este frente patronal están condicionados, no hay lugar para salidas de fondo, apenas acuerdos inestables que tendrán como contrapartida inmediata el encarecimiento de los alimentos y la transferencia de ingresos del bolsillo del trabajador hacia la burguesía rural. La política económica del gobierno es insostenible, aunque aún el principio de dislocación del arco burgués que ha sostenido a los sucesivos gobiernos del FA debe pasar por crisis más severas.
Más que nunca es necesario que la clase obrera -de la ciudad y del campo- se exprese con voz propia:
– No pago de la deuda externa y eliminación de las exoneraciones fiscales y prebendas hacia el gran capital.
– Salario mínimo igual a media canasta familiar y reajustable automáticamente según la inflación.
– Nacionalización de la tierra y los recursos naturales, a través de la expropiación de los latifundios.
– AJUSTEMOS A LOS AJUSTADORES
Camilo Márquez – Andrés Mancioni
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