Perú: “Que se vayan todos”

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, también conocido como PPK, no cayó solamente como consecuencia de las denuncias por las coimas que recibió de Odebrecht, algo que ya era sabido en Perú cuando fue electo en 2016. Kuczynski fue el zar de Economía de varios gobiernos previos y el ‘gestor’ obligado por donde debía pasar la constructora brasileña. La corruptela del Lava Jato alcanza a los tres gobiernos que antecedieron al actual – encabezados por Alan García, Alejandro Toledo, que se ha refugiado en Estados Unidos, y el matrimonio Humala, que se encuentra preso. Para evitar un juicio político en el Congreso, por estas denuncias, PPK negoció los votos de una fracción del partido fujimorista Fuerza Popular, a cambio de un indulto a Alberto Fujimori. Esta trapisonda provocó una división de FP entre los hermanos Kenji (que pactó el indulto) y Keiko Fujimori y, por sobre todo, un giro en la opinión pública de Perú contra unos y otros. Kuczynski repitió el operativo ante una segunda amenaza de ‘impeachment’, ofreciendo prebendas al grupo de Kenji Fujimori, que fue filmado por una cámara oculta instalada a instancias de su hermana. Este episodio precipitó la renuncia irrevocable de PPK, que alegó razones de gobernabilidad. En efecto, la renuncia fue saludada por una suba de la Bolsa de Lima, con la expectativa de que la asunción del gobierno por parte del vicepresidente, Martín Vizcarra, devolviera a Perú a la ‘normalidad’.

La victoria electoral de PPK en 2016, en una segunda vuelta, fue vista con recelo por ‘el círculo rojo’ que maneja la economía y la política de Perú, por las mismas razones que una fracción de la burguesía adujo contra Macri: a saber, una debilidad política para implementar los ajustes y las reformas anti-laborales. Es que aunque PPK ganó la segunda vuelta, el fujimorismo se llevó la mayoría del Congreso en la parlamentaria que acompañó el primer turno electoral.

Lo que en Argentina es un capítulo todavía abierto, en Perú se ha cerrado, aunque Macri hizo propia gran parte de la estrategia del ‘círculo rojo’, y armó un pacto con el pejotismo en las provincias, el Congreso y el Poder Judicial. La salida del gobierno del Martínez de Hoz – o el Cavallo – de Perú, es un revés para la burguesía, pero al mismo tiempo una salida pergeñada por ella misma.

El guion para recuperar la ‘normalidad’ política prevé la asunción del vicepresidente, Martín Vizcarra, para completar los tres años de mandato, con la adición de un gabinete de “unidad nacional”. La salida no parece, sin embargo, tan sencilla, porque el mismo Vizcarra fue acusado por corrupción, bajo el gobierno de PPK, en la construcción de un aeropuerto en Cuzco, lo cual lo eyectó del ministerio de Transporte a una embajada en Canadá. De otro lado, ningún observador admite la viabilidad de una coalición con el fujimorismo o contra él. Si Vizcarra naufraga en el intento, habrá que llamar a elecciones generales. Es, precisamente, lo que reclama la población, un 82 por ciento, de acuerdo a las encuestas. El diario El Comercio asegura que la mitad del país quiere que “se vayan todos”.

La inviabilidad de una gestión Vizcarra se encuentra reforzada por la crisis que azota a Fuerza Popular, que se manifiesta en la pelea entre los hermanos Fujimori. La otra crisis afecta a la izquierda, el Frente Amplio, que defendió políticamente a PPK, durante su mandato, con el pretexto de ‘defender la democracia’ contra el fujimorismo. La escisión Nuevo Perú se abstuvo en la votación, en diciembre pasado, para proceder al juicio político a Kuczynski, alegando que ‘no había que hacerle el juego’ al fujimorismo, para recibir enseguida el indulto de Kuczynski a Alberto Fujimori. Desde la partida del gobierno militar, en los 70, hace mucho tiempo, la izquierda democratizante de Perú es una nave sin rumbo. En la crisis actual no puede jugar otro rol que volver a distraer, confundir y desorganizar a las masas.

La salida de PPK forma parte de una ingobernabilidad sistémica, que ha visto caer gobiernos en América Latina como hojas en otoño. Golpes, renuncias, juicios políticos. La crisis capitalista inviabiliza la supervivencia de los gobiernos electos. El último recurso de PPK para salvar su gobierno fue esgrimido en la política internacional, no la nacional, cuando anunció el veto a la presencia de Venezuela en la reunión del grupo de Lima, en abril próximo. Maduro, tan ensuciado por las coimas de Odebrecht como los presidentes peruanos, se apresuró a disfrutar de la noticia. Habrá que ver ahora cómo sigue el operativo, porque Trump, que había aceptado la invitación al Encuentro, por parte de PPK, enfrenta un desierto político. Un balance de los episodios de derrumbe político de los gobiernos de la región debe destacar, sin embargo, que la novela de la democracia trucha no se detiene y añade nuevos capítulos. A pesar del enorme esfuerzo de las masas por combatir las salidas reaccionarias a estas crisis, como las grandes movilizaciones de masas en Honduras y en Brasil, todavía carece de una agenda propia, que le permita desarrollar una intervención políticamente independiente.

Es necesario desarrollar partidos obreros independientes y revolucionarios.

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