Con los votos de los 16 senadores del Frente Amplio, incluyendo a Constanza Moreira y a López Goldaracena (suplente de Eduardo Lorier), el Senado votó ayer la ley de megaminería, hecha a medida de Aratirí. Una ley que deberá enfrentar la resistencia popular, como ya sucede en varios departamentos donde se presentaron petitorios para declararlos “libres de minería a cielo abierto”. La ley votada en el Senado incluye un capítulo “sobre el Plan de Cierre” de las minas, que es presentado como una garantía desde el punto de vista ambiental (los defensores de Aratirí dicen que las tierras se recuperarán por las propias empresas explotadoras. Mientras tanto, la propia Aratirí “expresó ante la comisión del Senado que analizó el proyecto, que su plan es que esos inmensos cráteres se rellenen con agua de lluvia a lo largo de 80 años” (comunicado de MOVUS).
Por otra parte, “contrariando las declaraciones oficiales que hablan de mayor exigencia y grandes ingresos económicos, esta ley habilitaría importantes beneficios fiscales eximiendo a la megaminería del impuesto al patrimonio, del IVA, así como de gravámenes a la importación y la exportación, sin contar la energía barata que le proporcionaría UTE a Aratirí con la proyectada regasificadora” (ídem).
“A lo anterior se suma el capítulo sobre el Contrato de Concesión, un tema que no fue considerado en la Comisión Multipartidaria y por el cual se autoriza a la megaminería a superar el límite de 500 hectáreas del Código de Minería. Incluyen también aquí los beneficios fiscales y su mantenimiento en el tiempo, las informaciones que tendrán carácter confidencial, los compromisos del gobierno de realizar las obras de infraestructura requeridas por la actividad minera y un mecanismo de resolución de controversias cuando esto es competencia de la Justicia uruguaya”. Según diversas versiones, las exoneraciones fiscales a Aratirí le costarían al Estado entre 700 y 1.000 millones de dólares. La senadora Moreira, que se presenta como supuesta ‘alternativa’ dentro del Frente Amplio, le dio su voto al proyecto, del mismo modo que el senador suplente López Goldaracena quien declaró “que apoyaba el proyecto pese a tener algunas dudas”.
El proyecto debe volver ahora a la cámara de diputados. La lucha contra la llamada “minería de gran porte” (MPG) no cesa con la aprobación de esta ley.
