El partido clásico del domingo 27 de Noviembre dejó unos 300 detenidos, robos de los puestos de venta, agresiones a los trabajadores de recaudación, heridos varios, algunos disturbios fuera y dentro del estadio y en particular en la tribuna Ámsterdam. El clásico fue suspendido a causa de la violencia desatada en la Amsterdam, con el saqueo de los puestos de venta de coca cola, panchos y chorizos, el robo de una garrafa de 13 kilos que fue lanzada a la Guardia Republicana, y el destrozo del estadio. Más de 400 latas de coca cola fueron repartidas entre la tribuna.
Sin embargo, a nadie sorprendieron estos acontecimientos, pues era de público conocimiento la situación de violencia que atraviesa el futbol y en particular la tribuna aurinegra con la disputa de mafias de barras bravas del mercado de venta de droga. Es también de conocimiento popular, que estas barras funcionan con la complicidad con la dirigencia de los clubes y el gobierno, quienes no sólo les habilitan las entradas sino que también son cómplices del ingreso de las drogas y armas. El entrelazamiento político de este negocio llega alto, a las esferas gubernamentales, como lo demuestra la vinculación de la diputada del MPP, Susana Pereyra (quién además es esposa del Ministro Bonomi) con la barra brava de Peñarol, quién advirtió de teléfonos pinchados a los violentos, e incluso facilitaba la salida y entrada del país cuando viajaban a copas internacionales.
Tabaré Vázquez intervino desde España reclamando mano dura, con declaraciones que iban dirigidas como forma de presión a la justicia, el presidente sin prueba alguna de lo ocurrido, acusaba a la gente de estar allí, de participar en una ‘casi asonada’, (un delito muy cuestionado por su utilización en la última dictadura militar, que aún continúa vigente en un código penal que data de 1934 de la dictadura de Terra y que está basado en el régimen de Mussolini.)
La presión del presidente y de una opinión pública fagocitada por los medios de comunicación tuvieron efecto y finalmente la justicia procesó con prisión a 7 personas. Sin embargo, no se trató ni de cerca de los responsables físicos ni políticos de la violencia. La condena recayó sobre 7 jóvenes estudiantes y trabajadores de 18 a 24 años (que no tienen antecedentes penales), que a partir de las fotos en redes sociales, fueron procesados por ‘receptación’ de coca cola robada y ‘por la conmoción social generada’ (¿!).
Tanto el juez Iribarren como el fiscal Gómez justifican este falló por el contexto de violencia. En declaraciones el fiscal mostró la hilacha cuando afirmó; ‘era necesario manifestarle al resto de la sociedad que hay límites, se debe respetar’. Y continuó; ‘que se estaría diciendo si la fiscalía hubiera solicitado que los procesamientos fueran sin prisión’.
El fiscal no sólo deja de manifiesto la completa arbitrariedad del fallo, sino que deja en evidencia un hecho de mayor gravedad para toda la población, no se juzga a los jóvenes en función del delito que cometieron, sino que se lo hace en función de la presión de la opinión pública y del propio gobierno en la figura del presidente y de la policía, con el objetivo de amedrentar. Es también una forma ya conocida de llenar el ojo, de mostrar mano dura con jóvenes que son utilizados como chivos expiatorios, mientras que los verdaderos responsables del problema de la violencia en el futbol continúan impunes con la complacencia de una justicia que se encuentra al servicio de los poderosos. Mientras estos jóvenes son encerrados en las cárceles comunes, Gavazzo goza de prisión domiciliaria en su nueva casa con piscina, cómo se ve la mano de la justicia se inclina siempre hacia el mismo lado. El gobierno del FA que se ‘embanderó’ durante el 2014 con la campaña Colibrí (que luego abandonó en los hechos aumentando la pena de los menores infractores), de ‘ser joven no es delito’ hoy presiona al poder judicial para que vuelque ‘todo el peso de la ley’ a jóvenes estudiantes y trabajadores que tomaron una coca cola robada, tomando la agenda de mano dura contra la juventud que reclama la derecha.
El partido clásico del domingo 27 de Noviembre dejó unos 300 detenidos, robos de los puestos de venta, agresiones a los trabajadores de recaudación, heridos varios, algunos disturbios fuera y dentro del estadio y en particular en la tribuna Ámsterdam. El clásico fue suspendido a causa de la violencia desatada en la Amsterdam, con el saqueo de los puestos de venta de coca cola, panchos y chorizos, el robo de una garrafa de 13 kilos que fue lanzada a la Guardia Republicana, y el destrozo del estadio. Más de 400 latas de coca cola fueron repartidas entre la tribuna.
Sin embargo, a nadie sorprendieron estos acontecimientos, pues era de público conocimiento la situación de violencia que atraviesa el futbol y en particular la tribuna aurinegra con la disputa de mafias de barras bravas del mercado de venta de droga. Es también de conocimiento popular, que estas barras funcionan con la complicidad con la dirigencia de los clubes y el gobierno, quienes no sólo les habilitan las entradas sino que también son cómplices del ingreso de las drogas y armas. El entrelazamiento político de este negocio llega alto, a las esferas gubernamentales, como lo demuestra la vinculación de la diputada del MPP, Susana Pereyra (quién además es esposa del Ministro Bonomi) con la barra brava de Peñarol, quién advirtió de teléfonos pinchados a los violentos, e incluso facilitaba la salida y entrada del país cuando viajaban a copas internacionales.
Tabaré Vázquez intervino desde España reclamando mano dura, con declaraciones que iban dirigidas como forma de presión a la justicia, el presidente sin prueba alguna de lo ocurrido, acusaba a la gente de estar allí, de participar en una ‘casi asonada’, (un delito muy cuestionado por su utilización en la última dictadura militar, que aún continúa vigente en un código penal que data de 1934 de la dictadura de Terra y que está basado en el régimen de Mussolini.)
La presión del presidente y de una opinión pública fagocitada por los medios de comunicación tuvieron efecto y finalmente la justicia procesó con prisión a 7 personas. Sin embargo, no se trató ni de cerca de los responsables físicos ni políticos de la violencia. La condena recayó sobre 7 jóvenes estudiantes y trabajadores de 18 a 24 años (que no tienen antecedentes penales), que a partir de las fotos en redes sociales, fueron procesados por ‘receptación’ de coca cola robada y ‘por la conmoción social generada’ (¿!).
Tanto el juez Iribarren como el fiscal Gómez justifican este falló por el contexto de violencia. En declaraciones el fiscal mostró la hilacha cuando afirmó; ‘era necesario manifestarle al resto de la sociedad que hay límites, se debe respetar’. Y continuó; ‘que se estaría diciendo si la fiscalía hubiera solicitado que los procesamientos fueran sin prisión’.
El fiscal no sólo deja de manifiesto la completa arbitrariedad del fallo, sino que deja en evidencia un hecho de mayor gravedad para toda la población, no se juzga a los jóvenes en función del delito que cometieron, sino que se lo hace en función de la presión de la opinión pública y del propio gobierno en la figura del presidente y de la policía, con el objetivo de amedrentar. Es también una forma ya conocida de llenar el ojo, de mostrar mano dura con jóvenes que son utilizados como chivos expiatorios, mientras que los verdaderos responsables del problema de la violencia en el futbol continúan impunes con la complacencia de una justicia que se encuentra al servicio de los poderosos. Mientras estos jóvenes son encerrados en las cárceles comunes, Gavazzo goza de prisión domiciliaria en su nueva casa con piscina, cómo se ve la mano de la justicia se inclina siempre hacia el mismo lado. El gobierno del FA que se ‘embanderó’ durante el 2014 con la campaña Colibrí (que luego abandonó en los hechos aumentando la pena de los menores infractores), de ‘ser joven no es delito’ hoy presiona al poder judicial para que vuelque ‘todo el peso de la ley’ a jóvenes estudiantes y trabajadores que tomaron una coca cola robada, tomando la agenda de mano dura contra la juventud que reclama la derecha.
La juventud del Partido de los Trabajadores denuncia este fallo judicial completamente arbitrario, una condena desmedida, que fue una bajada directa del poder ejecutivo al poder judicial, lo que demuestra (una vez más) el peso político que ejerce el gobierno sobre el poder judicial. Y exige la inmediata libertad para los pibes procesados. Basta de arbitrariedad judicial. Cárcel a los responsables directos de estos sucesos de violencia; dirigentes, barras, y funcionarios políticos
La juventud del Partido de los Trabajadores denuncia este fallo judicial completamente arbitrario, una condena desmedida, que fue una bajada directa del poder ejecutivo al poder judicial, lo que demuestra (una vez más) el peso político que ejerce el gobierno sobre el poder judicial. Y exige la inmediata libertad para los pibes procesados. Basta de arbitrariedad judicial. Cárcel a los responsables directos de estos sucesos de violencia; dirigentes, barras, y funcionarios políticos involucrados.
