El pasado 11 de octubre, se aprobó -por unanimidad- en la Cámara de Senado el proyecto de ley de salud mental que pasará, ahora, a la Cámara de Diputados. Dicha ley, ha sido calificada como un gran avance “progresista” por el FA y en “perspectiva de derechos humanos”. El Partido Nacional, Colorado e Independiente también votaron la iniciativa. Luego de 80 años de la última reglamentación en la materia, la ley viene a regular un conjunto de aspectos que imprimirían un “cambio de paradigma” de la salud mental, según señaló Mónica Xavier.
Descentralización y privatización
En la argumentación de ley se establece la necesidad de un cambio de modelo en la promoción de la atención de los trastornos mentales, pasando de instituciones “custodiales y cerradas” inspiradas en el modelo de tratamiento psiquiátrico a un modelo descentralizado.
Un artículo resulta por demás clarificador, en sintonía con las “reformas” en salud propiciadas por el Banco Mundial. En el artículo 37 se establece que “Se impulsará la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental, mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas”. Estas estructuras alternativas, según la ley, son los centros de atención comunitaria, casas u hogares asistidos y/o de medio camino y centros de rehabilitación e integración psicosocial. Lo que implicaría el cierre de las Colonias Etchepare, Santin Carlos Rossi y el Hospital Vilardebó. En el cuadro de ajuste presupuestal sobre la salud pública que el FA aprobó en Agosto -y el nuevo ajuste que se prevé para 2017-, sumado al colapso de los hospitales públicos, el cierre inmediato de estas instituciones que plantea la ley, abriría una instancia de agravamiento de la atención en la red hospitalaria, particularmente en lo que se refiere a la asistencia de pacientes psiquiátricos.
Las organizaciones nucleadas en torno al movimiento antimanicomial señalaron en un comunicado el rechazo a dos elementos de la ley: en primer lugar, que el organismo de contralor sea el propio Ministerio de Salud Pública, que es también el encargado de reglamentar; y por otra parte, su oposición a la denominación de “trastornos mentales” por considerarlo estigmatizante. Se abstuvieron, sin embargo, de denunciar el avance mercantilizador sobre la salud que esconde esta ley.
La ley está inspirada en la aprobada en Argentina en el 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner que también fue destacada como “progresista” en la promoción de la “desinstitucionalización” y la generación de estructuras alternativas. La experiencia argentina indicó que estas “estructuras alternativas” terminaron gestionadas por el sector privado y en el sector público brillan por su ausencia. A más de 5 años de su aprobación, la ley resultó ser un nuevo negociado “descentralizado”: los principales hospitales neuropsiquiátricos de Buenos Aires (Borda, Moyano), emblemas de las instituciones psiquiátricas, se encuentran en un cuadro de liquidación. Ninguna administración provincial ni nacional prácticamente ha construido los mentados dispositivos alternativos (casas de medio camino, residencias, etc.) Los que existen, en un 90% son privadas (ex clínicas psiquiátricas) o Fundaciones vinculadas a la Iglesia Católica y son tercerizados por el Estado en contados casos. En los hospitales generales polivalentes fueron casi nulas las aperturas de salas de internaciones psiquiátricas breves y los equipos “territoriales” comunitarios y preventivos trabajan en condiciones de extrema precarización.
Programa
Denunciamos el derrumbe y decadencia de las actuales instituciones de atención sanitaria de salud mental, que lejos se encuentran de la rehabilitación y reinserción del paciente. La iniciativa del FA no es de una transformación de este cuadro sino una liquidación privatista en nombre de los “derechos humanos de los pacientes”. Los llamados dispositivos sustitutivos o alternativos a la internación asilar crónica serán tercerizados por Fundaciones y clínicas privadas “aggiornadas”: “ASSE ya hizo un llamado a proveedores para generar una red formada por casas de medio camino, residencias asistidas, hogares protegidos y después viviendas supervisadas” (El País, 13/12/15).
El carácter castastrófico social del campo de la Salud Mental en Uruguay y hasta la demagogia “desmanicomializadora” de esta “reforma” fue prácticamente deschavada por la propia Presidenta de ASSE, Susana Muñiz (PCU-FA): “Si me preguntan si voy a cerrar las colonias y el Vilardebó, yo tengo que decir que no”, reconoció Muñiz y explicó: “Es algo difícil de hacer. Tenemos pacientes que hoy son adultos mayores pero están allí desde niños. Hay uno que entró cuando tenía apenas siete años. Es muy difícil sacarlos de ese lugar y que no se desorienten. Entonces la idea es humanizar la atención comunitaria y rehabilitación” (idem).
Desde el PT apoyamos la desmanicomialización, pero denunciamos la descentralización privatista del FA. Para luchar por una ley de salud mental en perspectiva de derechos humanos, ASSE debe garantizar un plan de apertura de servicios de internación psiquiátrica en Hospitales Generales y apertura de dispositivos alternativos (Residencias Protegidas, Casas de Medio Camino, Centros de Día) dentro del sistema público y con equipos interdisciplinarios, bajo la gestión de los trabajadores de salud y usuarios. Solo después de garantizadas estas condiciones hay que plantear el cierre definitivo del Hospital Vilardebó y las Colonias Etchepare y Santin Carlos Rossi.
