En la década de los 90’ los gobiernos de Latinoamérica, bajo la orden del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, avanzaron en mayor o menor medida hacia la privatización de las empresas públicas y los recursos naturales. Evidentemente esto no se da ni de la misma manera ni al mismo tiempo en todos lados, pero sí queda de manifiesto la intención histórica de los organismos internacionales de ‘flexibilizar’ las condiciones de trabajo, deprimir los salarios, profundizar la mercantilización de los recursos naturales, la educación, la salud, y beneficiar a los inversores privados.
En el Uruguay el Frente Amplio junto al Pit-Cnt impulsó en 1992 la derogación de 5 de los 32 artículos de la Ley de Empresas Públicas planteada por el ‘neoliberal’ Lacalle Herrera. Se trataba de limar los elementos más ‘salvajes’ de la ley, abriendo a su vez la puerta para una privatización -sinuosa y más ‘indolora’- de las empresas estatales, pero bajo una retórica antiprivatizadora. La movilización popular, organizada por el Frente Amplio y por el Pit-Cnt alcanzó las firmas necesarias para llevar la resolución a la consulta popular mediante un plebiscito. En este se aprobó por aplastante mayoría la derogación de los 5 artículos. Dentro de las ‘excepciones’ cayó Pluna, la que luego de asociarse con Varig entró en una profunda crisis por la que años después terminó liquidándose, pese al malparido ‘intento’ de ALAS U. Hoy los restos del último fuselaje de avión de Pluna son trasladados pomposamente a un colegio privado -el International College- de Punta del Este… vaya paradoja del destino!
Esta reforma de la ley impidió la privatización directa y la asociación de otras empresas del Estado. Sin embargo, la orden del BM y del FMI continuó en pie y el intento de privatización más profundo nunca se abandonó. Es oportuno precisar que el PT en 1992 impulsó la papeleta rosada, esta sí contra todas las privatizaciones sin excepción.
El método del FA
Corrió agua bajo el puente, y crisis de 2002 mediante, donde el FA le garantizó la gobernabilidad a Batlle, finalmente la autodenominada ‘izquierda’ llegó al gobierno en 2004. Las órdenes de los organismos internacionales iban a ser cumplidas pese a lo votado en 1992, eso sí, con otro método. Ya no sería un procedimiento frontal y directo de venta de las empresas públicas, sino un camino paulatino pero en constante progresión. Ya no es una empresa que se asocia con el ente estatal, sino que son varias las que van tomando de a poco el control de áreas, sustituyendo tareas, y brindando servicios. Esto viene de la mano de la eliminación de puestos de trabajo y de la precarización laboral, así como de costos enormes para los entes en la contratación de las empresas privadas. En definitiva, forma parte del ajuste del gobierno contra los trabajadores, y de continuar beneficiando a los capitalistas, que subsisten a costa del deterioro salarial y de las condiciones de vida de los explotados.
Las exoneraciones a las empresas de educación, así como el incentivo para su florecimiento, la ley de participación público-privada (PPP) y el sistema nacional integrado de salud (SNIS), la Ley de Riego, son otras expresiones de este mismo camino privatizador.
En los últimos años, dado el ascenso del clasismo en el movimiento obrero, fundamentalmente en el sector público, se ha venido avanzando en la denuncia de este proceso privatizador que corta transversalmente a todas las todas las empresas públicas y servicios. La mesa sindical coordinadora de entes (MSCE) en el primer semestre del año pasado convocó a una movilización conjunta por primera vez en varios años, denunciando el desmantelamiento de las empresas y la avanzada privatizadora. Incluso alguno de los sindicatos que la integran iniciaron un proceso de denuncia y conflicto con respecto a este tema. En el correo se alcanzó un acuerdo de comenzar un proceso de eliminación de las empresas privadas. En el Brou luego de un largo conflicto se logró por un lado el reconocimiento por parte del gobierno de la existencia de privatizaciones, y por otro instalar una comisión para su discusión. Esto no garantiza de por sí un avance, pero abre las puertas al debate, y pone a los trabajadores en guardia y atentos al desarrollo de la negociación.
El resto de los sindicatos que han denunciado el avance privatizador, como Ffose o Aute, no han alcanzado aún un nivel importante de exposición pública, ni movilizado de forma más profunda para lograr avanzar en el planteo. De todas maneras, las denuncias han sido realizadas, y a luz de lo alcanzado tanto en Afpu como en Aebu es de esperarse que pueda haber una profundización en la lucha.
Los sindicatos de la educación pública -protagonistas de grandes conflictos en 2013 y 2015-, así como de la salud, tienen este año (con la rendición de cuentas) una nueva oportunidad de plantear en forma conjunta su plataforma de mayor presupuesto y de defensa de los servicios públicos.
La discusión aislada de cada uno de los sindicatos tenderá al fracaso. La burocracia sindical pondrá todos los palos posibles en la rueda y continuará defendiendo al gobierno, saliendo incluso en forma pública a atacar los conflictos. Por ello es necesario el reagrupamiento de los trabajadores, que se vinculen y coordinen las luchas, se cierren los caminos ‘de escape’ de la burocracia, y se levante un programa común de defensa de las empresas y servicios públicos y de los recursos naturales. Es necesario un encuentro de trabajadores que marque una posición hacia el 1ro de mayo, hacia el congreso del PIT-CNT y la rendición de cuentas.
En los últimos días de febrero el Partido de los Trabajadores realizará una actividad pública con una mesa redonda. Se convocará a dirigentes de los sindicatos que han denunciado las privatizaciones, para debatir y trazar un camino de salida.
Hay que prepararse para un escenario de conflictividad, pautado por la profundización de la crisis y del ajuste a los trabajadores, y el ascenso del clasismo en el movimiento obrero. Es necesario construir una alternativa socialista a este ‘sistema’ capitalista en descomposición, un partido que organice a la clase obrera hacia un gobierno de los trabajadores.
