Por Rafael Fernández
Ha quedado expuesto ante el conjunto de los trabajadores, en particular los estatales, la verdadera burla perpetrada por el gobierno para rebajar el salario, bajo el pretexto del combate a la inflación. A los funcionarios púbicos se les ajusta el salario teniendo en cuenta la ‘meta inflacionaria’ del gobierno, es decir, un porcentaje fantasioso fijado exclusivamente por el equipo económico; a este porcentaje se le puede sumar un correctivo si la inflación pasada superó el porcentaje del ajuste anterior. En este año, la ‘meta’ del gobierno es entre el 4 y 6% de inflación anual, por lo que los salarios se ajustan un 5%, más un 2,48% por el ‘desvío’ de la inflación respecto a la meta anterior.
Con una inflación que rondó durante todo el año el 9% anual (tomando en cuenta el IPC de los últimos 12 meses), el ajuste anual para los estatales fue del 7,48%.
La manganeta se ejecutó a través de una serie de medidas para contener el IPC (que incluso llegó a bajar en diciembre) al final del año, para así forzar un ajuste salarial miserable, y volver a desatar tarifazos y aumentos de precios al comienzo del nuevo año. COFE ha denunciado esta burda maniobra gubernamental, e incluso los sectores más oficialistas del PIT-CNT que al principio intentaron defender estas medidas, terminaron declarándolas como “un grave error político”.
De más está decir que el costo de vida real de acuerdo al consumo de las familias trabajadoras evoluciona muy por encima del IPC. Las frutas y verduras subieron un 30% durante 2012 y al comienzo de 2013 están subiendo otro tanto como consecuencia de factores climáticos.
Otra decisión del gobierno fue postergar la suba del mínimo no imponible del IRPF, que estaba fijada por ley. Del mismo modo que el anuncio de rebaja del IVA, la miserable modificación del IRPF quedó en una promesa para otra coyuntura. Estas medidas coinciden con el tarifazo establecido a través del aumento de la UTE, el boletazo, y la suba de las frutas y verduras –junto al resto de los productos de la canasta alimenticia.
Estas medidas de confiscación del salario, apuntan a dar garantías a los especuladores internacionales de que seguirán cobrando los intereses de la deuda externa y obteniendo grandes ganancias. Es decir, que aún en el marco de la crisis mundial el gobierno del Frente Amplio no dudará en atacar a los trabajadores y enfrentar a los sindicatos para defender los intereses de los capitalistas.
La cuestión de fondo es el creciente déficit fiscal, que alcanza el 3% del PBI, y que coloca cada vez más al Estado en dependencia de los flujos de divisas internacionales. Aunque por ahora se mantienen los ingresos de capitales desde el exterior, el agravamiento de la crisis (en particular en Argentina, y también en Brasil) plantea un escenario de total inestabilidad desde el punto de vista financiero. Mujica y Astori aplican un tarifazo y un ajuste fiscal contra los trabajadores, cumpliendo el mandato del Fondo Monetario Internacional que exige la ‘desindexación del salario’ y la ‘reducción del déficit fiscal’.
Este contexto de incertidumbre se produce en un momento de boom exportador, sobre todo en torno a la soja, pero el comercio exterior está condicionado a la evolución de China y de los países de la región. El relativo enfriamiento de la demanda china plantea una perspectiva de caída de las exportaciones y de los precios de las commodities.
El ajuste no se limita a los trabajadores públicos sino, como mostró el veto al acuerdo de la bebida, se dirige contra toda la clase obrera. El choque con Read y la FOEB es un anuncio para todos los convenios salariales que deberán renovarse en los próximos meses. Las patronales de la construcción y del metal hace rato vienen amenazando con romper o violar los convenios firmados, algo que todavía no está planteado en forma inminente porque todavía la demanda de mano de obra es alta (en gran medida por algunos grandes emprendimientos, aunque el mercado inmobiliario podría tener una caída ante un menor ingreso de capitales argentinos).
Frente a la denuncia de COFE, la dirección mayoritaria del PIT-CNT y los ‘economistas asesores’ del Instituto Cuesta-Duarte salieron a defender la supuesta ‘política antiinflacionaria’ del gobierno. Si el gobierno hubiera estado preocupado por la inflación, no hubiera desatado un tarifazo en enero-febrero (por ejemplo, en UTE) luego de haber realizado algunas rebajas en diciembre. Quedó bien claro que el objetivo fue forzar una caída transitoria del IPC para achicar el ajuste de salarios, y luego sí volver a soltar la correa a la carestía, que provocará una rápida caída del salario real.
La línea divisoria en el movimiento obrero es entre la defensa del salario y las condiciones de vida populares, y la defensa del gobierno. Los dirigentes oficialistas están dispuestos a sacrificar el salario en el altar de la defensa del gobierno. De lo que se trata es de poner en pie una dirección sindical clasista, independiente del gobierno, para lo cual es imperioso poner en pie fuertes agrupaciones sindicales en todos los gremios, que sean una alternativa de dirección.
Frente a la trampa salarial del gobierno, frente a la carestía, se impone una campaña exigiendo al PIT-CNT un inmediato paro general de 24 horas y un plan de lucha, por aumento general de salarios y un salario mínimo de 25.000 pesos, la eliminación del IRPF (impuesto a los sueldos), y el ajuste automático de salarios cada vez que el costo de vida supere el 5%.
Apoyamos la denuncia de COFE, y de los sindicatos estatales. Está planteada una campaña desde la lista 41 del PIT-CNT, y desde las agrupaciones sindicales combativas, exigiendo el paro general y el plan de lucha: hay que dejar bien en claro cuál es la línea divisoria en el movimiento obrero, entre los dirigentes subordinados al gobierno y los que luchan por las reivindicaciones populares. Proponemos preparar una conferencia sindical clasista, por la independencia política del PIT-CNT, para dar impulso a esta campaña y a la construcción de agrupaciones sindicales clasistas e independientes del gobierno.
al FA en el poder mientras nosotros
pensamos en defender a los trabajadores”
(Joselo López a El país 19/1).
