El pasado 29 y 30 de junio en Facultad de Psicología se llevó a cabo el taller “Psicología, Marxismo y Salud Mental” organizado por el CEUP (Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología) que contó con la especial participación de Hernán Scorofitz, docente de la Facultad de Psicología de la UBA y trabajador del Hospital Borda. En la primera instancia, se debatió en torno a la crítica a la corriente freudomarxista.
El segundo día hubo una mesa redonda donde se debatió en torno a la Ley de Salud Mental. La actividad fue fundamental en el contexto actual, en donde dicha ley se estará aprobando el próximo 11 de julio en Cámara de Diputados. Esta misma ley fue aprobada en 2010 en Argentina y en este sentido, el aporte de Scorofitz sirvió para ilustrar lo que se esconde detrás de la misma.
La ley prevé un progresivo cierre de los manicomios sustituyéndola por un sistema de “estructuras alternativas”. Scorofitz, señaló que la experiencia argentina indicó que en un cuadro de derrumbe de la salud mental y ajuste presupuestal las “estructuras alternativas” terminaron gestionadas por el sector privado y el sector público brillan por su ausencia. A más de 5 años de su aprobación, la ley resultó ser un nuevo negociado “descentralizado”: los principales hospitales neuropsiquiátricos de Buenos Aires (Borda, Moyano), emblemas de las instituciones psiquiátricas, se encuentran en un cuadro de liquidación. Ninguna administración provincial ni nacional prácticamente ha construido los mentados dispositivos alternativos (casas de medio camino, residencias, etc.) Los que existen, en un 90% son privadas (ex clínicas psiquiátricas) o Fundaciones vinculadas a la Iglesia Católica y son tercerizados por el Estado en contados casos. En los hospitales generales polivalentes fueron casi nulas las aperturas de salas de internaciones psiquiátricas breves y los equipos “territoriales” comunitarios y preventivos trabajan en condiciones de extrema precarización.
El problema se presenta con el impacto de la crisis económica en nuestro país por un lado y con la política de salvataje al capital que lleva adelante el gobierno, por el otro. En este sentido el FA ha desarrollado un ajuste general a los trabajadores y avanzó en una desfinanciación en los sectores populares como vivienda, educación y salud públicas y que se visibilizan en la presentación del presupuesto nacional. La ley de salud mental se inscribe en este cuadro de ajuste presupuestal sobre la salud pública que se ha aprobado en los presupuestos de 2015, 2016 y está planteado en la presente Rendición de Cuentas; al tiempo que se desarrolla la privatización de la salud, como sucede con las PPP para el Hospital de Clínicas. De este modo, el cierre inmediato del Vilardebó y otros centros abre una instancia de agravamiento de la atención en la red hospitalaria, especialmente a lo que se refiere a la asistencia de pacientes psiquiátricos.
La iniciativa del FA que es acompañada por toda la oposición patronal se encuentra lejos de la rehabilitación y reinserción de los pacientes, sino de una liquidación privatista. Los llamados dispositivos sustitutivos o alternativos a la internación asilar crónica serán tercerizados por Fundaciones y clínicas privadas “aggiornadas”.
Para luchar por una ley de salud mental en perspectiva de derechos humanos, ASSE debe garantizar un plan de apertura de servicios de internación psiquiátrica en Hospitales Generales y apertura de dispositivos alternativos (Residencias Protegidas, Casas de Medio Camino, Centros de Día) dentro del sistema público y con equipos interdisciplinarios, bajo la gestión de los trabajadores de salud y usuarios. Solo después de garantizadas estas condiciones hay que plantear el cierre definitivo del Hospital Vilardebó y las Colonias Etchepare y Santin Carlos Rossi.
CORRESPONSAL
