GIAF: un atentado contra la universidad en defensa de la impunidad

El atentado contra el Grupo de Investigación en Antropología Forense (en el cual robaron información y documentos vinculados a las investigaciones de los desaparecidos durante la dictadura y amenazaron a los investigadores) ha adquirido una importancia y una dimensión nacional, colocándose en el centro de los debates sobre derechos humanos e impunidad.

En este sentido, cabe destacar la multitudinaria marcha del 1º de abril, que convocó a miles de personas que bajo lluvia se movilizaron a la Plaza Libertad desde la puerta de la Facultad de Humanidades.

Desde la vereda de enfrente, el presidente del Círculo Militar (Carlos Silva) trató de responsabilizar a los propios integrantes del GIAF del ataque y denunció que había falta de transparencia en el manejo de la información y los recursos. Al día siguiente, el mismo Silva declaró que había que sacar el ejército a la calle para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

En base a fuentes del Ministerio del Interior, trascendió la vinculación entre Jorge “Pajarito” Silveira y José “Nino” Gavazzo con Grupo Gamma, la empresa encargada de la seguridad de la Facultad de Humanidades. Según esta información, los militares habrían fundado la empresa.

Por otro lado, mientras el edificio de la Facultad está lleno de cámaras, no hay ninguna cámara dentro ni fuera del laboratorio. El decanato de Rico es responsable por la política de seguridad: la localización de las cámaras y la contratación de la empresa Grupo Gamma.

Pero el gobierno es el principal responsable, ya que conociendo la vinculación estrecha entre esta empresa y los militares de la dictadura, nunca difundió esta información y permitió que esta empresa siga operando y tome en sus manos la seguridad del laboratorio del GIAF. Todavía está por verse si, con esta información, el gobierno no está ocultando el accionar de grupos de inteligencia vinculados al Estado.

Una política de impunidad

En el atentado, evidentemente, actuaron grupos vinculados a la inteligencia policial y/o militar. No estamos frente a un hecho aislado. Estos grupos actúan bajo amparo que les garantiza la política de encubrimiento y defensa de la impunidad por parte del Estado. Según Bonomi, no importa si se trata de personas aisladas o de grupos; el problema sería “el pensamiento” por detrás de estos actos. Bonomi intenta encubrir y desviar. El problema no es el pensamiento sino la política gubernamental.

El gobierno defiende una política de “punto final” y de defensa de la impunidad. Los pocos militares presos se encuentran en la cárcel VIP de Domingo Arena. En reiteradas oportunidades se buscó obstruir las investigaciones y se produjeron una serie de traslados de jueces y fiscales encargados de causas referidas a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

El gobierno del FA mantuvo a Huidobro al frente del Ministerio de Defensa, a pesar de que numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos piden su renuncia, y de que solo obtuvo 8000 votos en las elecciones nacionales.

Durante la última década no hubo cambios sustanciales en la política estatal de represión y derechos humanos. La estructura y composición del Ejército se mantuvo sin grandes modificaciones; se aumentó constantemente el presupuesto para los aparatos represivos (en detrimento del presupuesto para la educación), al tiempo que se desarrollaron y fortalecieron los aparatos de inteligencia y la policía militarizada.

Los militares como Carlos Silva ganan el 100% de sus sueldos cuando se jubilan, un lujo con el no cuentan los trabajadores uruguayos.

Cabe destacar que se mantienen cerrados los archivos de la dictadura, con lo cual se defienden los secretos de los asesinos y torturadores de nuestro pueblo. Las investigaciones sobre DDHH serían mucho más sencillas si el gobierno abriera los archivos a los investigadores y a las organizaciones populares.

– Juicio y Castigo a los responsables del atentado.

– Apertura de todos los archivos relacionados con la dictadura.

– Basta de impunidad, anulación inmediata de la Ley de Caducidad.

– Fuera Huidobro.

– Cárcel común y perpetua a los torturadores y asesinos de la dictadura.