En plena campaña electoral, algunos de los eslóganes más utilizados por el partido de gobierno son “Vamos bien” y “A profundizar los cambios”; este último utilizado principalmente por el Partido “Comunista”, lista 1001. Evidentemente dichos eslóganes no hacen referencia al terrible problema de la vivienda que sufre la clase trabajadora y que el partido de gobierno, que gusta de llamarse “de izquierda”, no solo no ha sido capaz de solucionarlo, sino que ha contribuido a la profundización del mismo.
El artículo 45 de la Constitución declara el derecho de todo habitante a gozar de una vivienda decorosa, para lo cual el estado debe asegurar mediante leyes la oferta de viviendas higiénicas y económicas, estimulando al capital privado con tal fin. Esta visión mercantilista de la vivienda es la visión del capitalismo y de todos los partidos que defienden dicho sistema. La gente tiene derecho a la vivienda… mientras se la compre a los capitalistas, que lucran con una necesidad básica y un derecho humano fundamental. Es así como a lo largo de los años el problema de la vivienda se ha ido agravando cada vez más, a la par de que todos los proyectos de los diferentes gobiernos para “solucionar” este problema no han hecho más que servir para enriquecer a las empresas constructoras. Tomemos como ejemplo la ley 18.795 promulgada el año 2011. Dicha ley ofrece amplios beneficios impositivos a las empresas privadas que construyan viviendas de “interés social”. Para el gobierno, este mágico plan haría bajar los precios y por lo tanto permitir a más personas acceder a la vivienda propia. Pero pasó lo que pasa siempre que se deja la satisfacción de necesidades básicas en manos privadas. Las empresas constructoras no bajan los precios y aumentan sus ganancias, ya que no tienen que pagar impuestos. En vez de construir viviendas en barrios populares, lo hacen en barrios de capas medias y altas; con precios que en algunos casos superan en un 60% los precios promedio. Todo ello con el aval del gobierno, que únicamente se preocupa de garantizarle a las empresas el negocio. Otra solución propuesta, íntimamente ligada con esta ley, son las viviendas que ofrecen la ANV, el MVOTMA y el BHU. El problema aquí reside en que en los planes que exigen menos ingresos, el mínimo requerido para acceder a una vivienda en Montevideo es de 25 UR, que al día de hoy son unos 18 mil pesos, lo cual es un disparate cuando en el país hay 800 mil personas que ganan menos de 14 mil pesos. Suponiendo que de todas formas se llegue a dicho ingreso, se exige para los planes más accesibles, un 5% del valor del inmueble como ahorro previo. Si el inmueble costara 30 mil dólares, el ahorro previo sería de 1500 dólares, lo cual al día de hoy son 34.500 pesos, un ahorro importante para la mayoría de las familias trabajadoras, que deben vivir haciendo malabares con sueldos miserables mientras la canasta básica familiar supera los 50 mil pesos. Y ni siquiera llegando a cumplir estos requisitos es seguro acceder a una vivienda, ya que todos los aplicantes van a un sorteo, donde no importan las necesidades de cada familia, sino quien tenga la suerte de que el papelito con su nombre salga elegido. Esto muestra un profundo desprecio por la problemática a la que nos referimos, llevando las necesidades reales a ser jugadas como si se tratara de un bingo. Si quiere ver otras soluciones aún más caras puede entrar a la web de estos organismos y ver la pobre oferta de soluciones habitacionales a precios inalcanzables (En la web del MVOTMA, la vivienda más barata requería un ahorro previo de 93.600 pesos). Todo esto responde a la lógica de generar negocios para los privados que se embolsan dinero jugando con las necesidades de los trabajadores y además consiguen negocios accesibles para sus hijos, a quienes pueden darle el dinero necesario como ahorro previo para participar en estos programas.
Mientras tanto, los trabajadores seguimos siendo expulsados cada vez más hacia la periferia de las ciudades, lejos de los servicios públicos, de las redes de transporte, de los institutos de enseñanza, de los hospitales, etc. Agravando el problema, los precios de los alquileres no paran de subir sin que el gobierno intervenga, con precios promedio que superan los 10 mil pesos, es decir, precios que se tragan sueldos enteros (recordemos que hay 500 mil personas que ganan 10 mil pesos o menos), para llenar los bolsillos de los dueños.
La única solución real al problema, que permita el desarrollo de un verdadero plan nacional de viviendas populares para los trabajadores, es dejando de lado el afán de lucro. Eso solo se logra si los trabajadores tienen el control de la tierra, de las herramientas y de los materiales de construcción. Esto solo es posible si los trabajadores tienen el poder en sus manos, en sus propias instituciones. No se puede solucionar el problema de la vivienda de otra manera. No se pueden pretender soluciones de un sistema que deja en manos de intereses particulares las necesidades sociales. Para terminar con el drama de la vivienda, es necesario un gobierno de trabajadores. Por eso luchamos.
