El Hospital de Clínicas en la mira de la privatización

El Hospital Universitario, principal formador de recursos humanos en salud del país, que brinda asistencia a los sectores más postergados de la población, se encuentra en creciente deterioro edilicio. Son 100 millones de dólares los que se necesitan para dejar el Hospital de Clínicas en condiciones óptimas para la asistencia y la enseñanza.

La UdelaR realizó una gran campaña sobre el tema, y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay lo incorporó en su plataforma reivindicativa como prioridad en su lucha por un presupuesto educativo del mínimo del 6% del PBI para ANEP-UdelaR. Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo, ni los parlamentarios contemplaron el pedido de la UdelaR en el presupuesto, desestimando el pedido para el Hospital de Clínicas.

Las propuestas de financiamiento que presenta ahora el Poder Ejecutivo, son un chantaje hacia la UdelaR, en la medida en que todas las opciones presentan una orientación privatizadora para el Hospital y su gestión. La opción que el PE señala como la más conveniente es la utilización de la ley de Participación Público Privada (PPP) para las obras, cuyas consecuencias implicarían el pago por parte del Estado de un canon a privados por la gestión del Hospital. La opción del fideicomiso presenta un problema similar a las de las PPP, mientras que la opción de un préstamo del BID, además de generar un endeudamiento a las finanzas país, significaría también condicionamientos económicos y de gestión que violentarían la autonomía Universitaria.

En definitiva las propuestas de financiamiento para el HC que realiza el Poder Ejecutivo vinculadas a capitales privados (empresas y bancos) pone de manifiesto el programa político que defiende el gobierno frenteamplista.

En la actualidad la situación económica del país permitiría llevar adelante las obras del HC sin problemas a través de: una redistribución del presupuesto, el gravamen a los grandes capitales multinacionales, y/o la utilización de las reservas. Es decir, se trata de un problema netamente político. El gobierno de Vázquez ha optado por: reforzar el aparato represivo destinado a la represión interna, (con adquisiciones de helicópteros y sistemas de espionaje que llegan a U$S 5 millones de dólares) exonerar de impuestos a los grandes capitales (que equivalen al 3 % del PBI), y dejar que se desangren las reservas por el endeudamiento que implica el control de cambios (en los últimos meses se han perdido más de U$S 2.000 millones de dólares), en vez de financiar las necesidades populares en educación y salud públicas.

Sin embargo, estas propuestas de financiamiento para las obras del HC no son nuevas, en el 2002 el gobierno de Jorge Batlle pretendió realizarlas a través de un préstamo del BID, lo que fue rechazado de plano por los trabajadores, estudiantes y la UdelaR en su conjunto.

El seguidismo del rector

El consejo de Facultad de Medicina (Fmed) rechazó el informe de la consultora CPA Ferrer que asesora al PE, y se manifestó contraria “a la utilización de las PPP en áreas como la salud y la educación públicas”. El tema fue debatido en el Consejo Directivo Central de la UdelaR, encontrando la resistencia a esta posición del Rector, que incluso pidió licencia, y se mostró decepcionado por la postura del Decano de la Fmed.

Markarián se pronunció días más tarde como partidario de aceptar la financiación de las obras a través de las PPP. Tal como sucedió el año pasado en el marco de la esencialidad para los trabajadores de la educación, el rector vuelve a alinearse con el Poder Ejecutivo, en este caso dejando a un lado la defensa de la autonomía universitaria y la propia Ley orgánica de la UdelaR.

Defendamos el Hospital Universitario

La Universidad debe mantenerse firme frente a las tentativas del Poder Ejecutivo de privatizar o generar un negocio con fines de lucro con el Hospital del pueblo. La FEUU debe posicionarse contra este mecanismo y en conjunto con los trabajadores del Clínicas impulsar una campaña para defender el Hospital Universitario, y para conquistar un financiamiento estatal basado en el gravamen al gran capital y el 6% del PBI para ANEP-UdelaR. Llamamos a las organizaciones estudiantiles y populares a convocar a una movilización independiente para luchar contra la privatización de la salud.