El Intendente Daniel Martínez ha sido un pionero en el ajuste que hoy nos regala el gobierno nacional: recortes a inversiones directas en los servicios públicos, a los gastos en salario y empleo.
Falso es que estas medidas sean para reducir el déficit fiscal, producido en las administraciones frenteamplistas anteriores. Las medidas de ajuste aumentan no solo el endeudamiento, sino que el carácter de la deuda hace que los tributos de los vecinos de Montevideo queden cautivos en un fideicomiso donde gerencia sus destinos los empresarios. De eso se trata el acuerdo Novick y el Fondo Capital.
La estructura del presupuesto es un incremento del endeudamiento y una apropiación de tributos de los vecinos para financiar al capital privado.
Socialista, para el beneficio de los capitalistas
La reducción de inversión directa en obras públicas, que intenta ocultar su transferencia a las grandes empresas, revela que el desplazamiento de capital, a estos, intenta subsidiar el quiebre empresarial a costilla de los tributos vecinales y del salario de los trabajadores.
Esta es la explicación de por qué el corredor Garzón y la Obra vial Departamental, privatizada casi totalmente por los gobiernos progresistas, provocó un agujero negro en las arcas municipales. Delata también, el porqué en una ciudad donde el boleto de transporte colectivo es una de los más caros de América y el transporte pésimo, la IM no estatiza a Raincoop y la pone bajo funcionamiento de sus trabajadores; regalándole de esta forma, el monopolio del transporte Montevideano a Salgado, y ocultando en su análisis que fue Municipal en el pasado. Habiendo dicho el Intendente que no iba a subir el boleto, ya lo subió dos veces.
También explica la crisis de la basura, donde décadas de políticas de negocios con privados ya sea por cesión de zonas y servicios han significado gastos inverosímiles en la limpieza urbana para beneficio de estos sectores y que no se traducen en otra cosa que un colapso permanente en la limpieza de Montevideo y en un enriquecimiento de los operadores en el negocio.
Un presupuesto para que la crisis la paguen los trabajadores
La propuesta de convenio para cinco años que le hace Martínez al sindicato municipal, Adeom, está en perfecta sintonía con este presupuesto de ajuste para seguir manteniendo los negocios con el capital contratista del Gobierno Departamental. Por eso coloca la presupuestación de casi 1300 trabajadores como una extorsión para que ADEOM firme la rebaja salarial en toda la regla, la modificación del salario permanente a salario variable y el atar el cumplimiento del convenio a los ingresos.
Tampoco en este presupuesto aparece la propuesta de modificación tributaria del socialista Olesker, ni del comunista Lorier, que aplican una fórmula maravillosa, pero cuando sus partidos gobiernan no se aplica.
Ni en el Gabinete Departamental, ni en la Junta Departamental de Montevideo, las expresiones “críticas” de estos sectores del PS y del PCU, no se expresan, no existen. Todos convalidaron primero en el debate presupuestal y ratificaron con su voto el fideicomiso con Novick y el Fondo Capital, el acuerdo con la derecha, para beneficio de los capitalistas.
Oponer un programa de los trabajadores, frente al presupuesto Martínez.
– Erradicación de la patria contratista del Gobierno y a todos sus comisionistas.
– Un plan de obras públicas con contratación directa de trabajadores, máquinas y herramientas, que genere empleo directo sin transferencia de ganancia a las empresas.
– Revisión y cese de todos los contratos leoninos a favor de las empresas privadas y tercerizadas.
– Cese de los fideicomisos y sus hipotecas sobre los aportes tributarios de la población.
– Comisiones de vecinos y sindicatos en cada Municipio electas directamente que controlen gastos, obras y cumplimiento de los derechos de la población y de los trabajadores.
– Impuestos progresivos al capital inmobiliario, las grandes superficies y a la renta capitalista en general.
– Expropiación de las viviendas y locales vacíos de la ciudad, para plan de viviendas, hoy se calculan en aproximadamente 70.000.
– Expropiación de empresas que cierren o despidan, estatización bajo control de sus trabajadores.
– Presupuestación de todos los trabajadores que realizan tareas para el gobierno departamental.
– Salario mínimo de $32.000 para todos los trabajadores de la ciudad
– Cese al Impuesto al trabajo: IRPF
– Reducción de los salarios faraónicos de los funcionarios políticos y de particular confianza no pudiendo exceder el salario establecido para un trabajador docente o especializado.
– Por un gobierno de trabajadores para Montevideo.
Alvaro Soto
