El Acuerdo Marco Laboral entre UPM, el gobierno y el PIT-CNT

En pleno siglo veintiuno nos siguen llegando rubios

El pasado 12/9 se firmó el acuerdo para viabilizar la inversión definitiva de la finlandesa UPM –en la que será su segunda pastera en el país-. La cúpula del Pit-Cnt firmó con el gobierno, UPM y las cámaras patronales de la construcción y metalúrgica, un acuerdo que limita el derecho de huelga y da vía libre a la precarización laboral y las tercerizaciones.

Este ‘Acuerdo Marco Laboral’ (de aquí en más AML) supone una nueva etapa del ‘Proyecto’, y una continuidad con el viaje a Finlandia en febrero pasado de Vázquez y el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira. Asimismo con las declaraciones realizadas en junio por parte de Juan Castillo -en ese momento Director de Trabajo en el MTSS, hoy Secretario General del PCU- . Decía entonces: “El Ministerio de Trabajo puede garantizar todos los mecanismos e instrumentos necesarios para la solución de los conflictos en forma ágil” y “Hay que armar un escenario que rodee una obra de este tipo” (‘El Observador’, 8/6). El AML es ese escenario que anunciaba Castillo.
El acuerdo firmado por el Pit-Cnt en las personas de Pereira, Abdala, Burgueño y Andrade (presidente y representantes de los sindicatos involucrados -metalúrgico, papelero y construcción-), fue resuelto en el Secretariado Ejecutivo sin votos en contra. Los dirigentes ferroviarios y portuarios se abstuvieron argumentando falta de tiempo para analizar y tomar posición. Es decir que hay un consenso importante  en el seno de la cúpula del Pit-Cnt.

Servida en bandeja

UPM tendría una ‘zona franca’ en una radio de 25 kilómetros desde la intersección de la ruta 5 con el Río Negro. Esto supone un área de casi 2000 kilómetros cuadrados en los departamentos de Tacuarembó y Durazno, en donde gozaría de beneficios tributarios de diverso tipo -en el contexto de exoneraciones impositivas al gran capital que lleva adelante el gobierno del FA-.
Los requisitos de la empresa -acordados con el gobierno y la burocracia- abarcan diversas áreas, constituyéndose en un verdadero condicionamiento. Sólo en caso de cumplirse a rajatabla este AML, la multinacional hará efectiva la inversión y el inicio de las obras.
UPM se garantiza la libre contratación de la mano de obra -a través de las empresas contratistas y subcontratistas-. Éstas tendrán acceso a la base de datos del MTSS para seleccionar a su criterio los trabajadores disponibles. Incluso luego de los cursos de capacitación de los obreros, las empresas contratistas y subcontratistas harán una evaluación en servicio pudiendo prescindir de aquellos que consideren inadecuados para las tareas.

Otro aspecto preocupante es el que refiere a que las condiciones de trabajo de los obreros uruguayos y extranjeros no serán necesariamente las mismas, dependiendo de los convenios colectivos específicos que se celebren. Esto abre la posibilidad a que las empresas -nacionales o extranjeras, contratistas o subcontratistas- recluten la mano de obra más barata posible. Perfectamente una empresa puede traer trabajadores extranjeros en condiciones para trabajar en Uruguay, pagando salarios por debajo de los convenios vigentes en el país. Este punto perjudica tanto a los trabajadores uruguayos como a los extranjeros -pérdida de empleo para unos, bajos salarios y precarización para otros-.
El AML también implica obligaciones bien específicas en cuanto al transporte, alimentación y vivienda de los obreros -mayormente para los que provengan de fuera de Durazno y Tacuarembó-. También en lo que refiere a los servicios médicos y de bomberos, así como a la presencia cercana y permanente de inspectores de trabajo del MTSS. Estos servicios -excepto bomberos- serán provistos por empresas privadas, en otra forma de tercerización y precarización de la mano de obra empleada -léase bajos salarios y flexibilización laboral-.

Nada de andar armando relajo

Bajo el eufemismo de la prevención y solución de conflictos, la cúpula del Pit-Cnt acordó la reglamentación del derecho de huelga. El AML habla de ámbitos bipartitos o tripartitos de conciliación y mediación, ordenados, escalonados y sucesivos, con procedimientos y plazos definidos, para ‘solucionar problemas’ y ‘evitar el desencadenamiento de conflictos’. Esto supone un verdadero ‘cuello de botella’ para los reclamos laborales de los trabajadores -sindicales o individuales-.

El AML expresa textualmente el compromiso de no adoptar medidas que obstaculicen la producción hasta no haber agotado todas las instancias de conciliación y mediación previstas. De esta manera la dirección del Pit-Cnt acuerda no ‘hacer olas’ a la multinacional, es decir que opera ‘in totum’ como garantía de seguridad y rentabilidad de la inversión. Esto traza un hilo de continuidad con la posición contraria a derrotar -anulándolo- el ‘decreto antipiquetes’ de Vázquez de marzo pasado. Ya habíamos sostenido en Tribuna que el decreto era en buena medida un mensaje por elevación dirigido a Finlandia, como muestra de la capacidad de control del gobierno y la dirigencia sindical frente a los trabajadores.

Un buque insignia hacia 2019

El megaproyecto de esta tercera pastera parece ser el buque insignia del gobierno hacia 2019. Tras el fracaso del propagandeado Sistema Nacional de Cuidados, la apuesta es poner en pie otro proyecto extractivista, neocolonialista y enemigo del medio ambiente.

La argumentación en el primer gobierno de Vázquez para proseguir con las obras de Botnia refería a la ‘herencia y los compromisos asumidos previamente’, ahora -con dos pasteras más- el vicio se convirtió en virtud.

El emprendimiento busca generar un shock de inversiones que impulse el crecimiento del PBI y la reducción del enorme déficit fiscal, manteniendo el grado inversor, y por tanto condiciones favorables para continuar con el  hiperendeudamiento -y con el pago puntual de los crecientes intereses generados-.
Por otra parte, el gobierno ‘oxigena’ a las direcciones oficialistas de los sindicatos industriales involucrados -construcción, metalúrgico y papelero-. En ellos se operó en los últimos años -principalmente en la construcción- una importante ola de despidos. El proyecto UPM va en el sentido de ‘amortiguar’ el impacto de la desocupación, aunque los empleos directos e indirectos que generará el emprendimiento están lejos de absorber el empleo perdido.

A más de doce años de gobierno, el FA sigue apostando a la inversión extranjera extractivista y depredadora del medio ambiente, a las exoneraciones fiscales para garantizarle rentabilidad, y al ataque a los derechos laborales más elementales. Para los trabajadores y la izquierda el FA no representa desde hace un buen tiempo una salida progresiva. La ofrenda a UPM es otra muestra de ello.