Cataluña: el derecho a la autodeterminación nacional

El miércoles 6, el Parlamento de Cataluña fijó para el 1° de octubre la realización de un plebiscito que debe decidir acerca del establecimiento de una república independiente en su territorio mediante la aprobación o el rechazo a la separación de Cataluña del Estado español. El gobierno de España, que encabeza Mariano Rajoy, del Partido Popular -la derecha- no perdió un segundo en movilizar a la Corte Constitucional de España, que enseguida declaró ilegal la ley catalana; también movilizó a instancias judiciales inferiores y a la Guardia Civil. Seguramente ha puesto en alerta a las Fuerzas Armadas, aunque no lo haya hecho público. El Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, una formación política relativamente reciente, oriunda de Cataluña pero incondicional del Estado español, se precipitaron en dar su apoyo al gobierno central sin el registro de la menor fisura. Abandonaron el Parlamento cuando no pudieron dilatar la sesión para facilitar una intervención anticipada del Tribunal Constitucional. Hubo once abstenciones, de variantes locales de Podemos. El conflicto nacional puso de manifiesto el conflicto político al interior de Cataluña.

No hubo que esperar demasiado para que se requisaran establecimientos vinculados con la impresión de boletas o almacenamiento de urnas, e incluso se iniciará una acción judicial contra jueces que han legitimado la ley que convoca al plebiscito – por incumplimiento de deberes de funcionario judicial (“prevaricato”). A esta ‘guerra relámpago” se sumó el presidente del Parlamento Europeo -un colega italiano del Partido Popular. El 12 de septiembre, varias centenas de miles de personas se lanzaron a las calles de Barcelona, para celebrar el día nacional catalán, la Diada. Aunque gran parte de los medios internacionales, hostiles al derecho de autodeterminación y a la separación, destacaron una disminución, que no definieron, del número de asistentes en relación con conmemoraciones anteriores, olvidaron señalar que esta vez manifestaron para apoyar un desacato, y eventualmente una rebelión, contra el Estado español.

El interés político internacional por la envergadura que está cobrando el antagonismo nacional en España es obvio. No impacta solamente en el régimen político español que fue establecido luego de la muerte de Francisco Franco (1975), sino en el conjunto de la Unión Europea, que se encuentra envuelta en varias crisis interestatales –desde el Brexit, el separatismo escocés, una reapertura del conflicto en Irlanda del Norte, nuevas crisis nacionales en los Balcanes, el enfrentamiento entre Turquía y Alemania (que cuenta con una numerosa población de origen turco), y la represión tremenda a los migrantes y a descendientes de inmigrantes de numerosas nacionalidades.

Para España, la separación representa una amenaza al “régimen político de autonomías estatales”, que contó, hace cuatro décadas, con el apoyo de la propia Cataluña. Podría llevar a España, además, a una nueva bancarrota, toda vez que Cataluña es el centro industrial del Estado español y, junto con el País Vasco, uno de sus polos financieros. La determinación de la carga respectiva de la deuda externa entre España y Cataluña, como consecuencia de una separación, sería suficiente para provocar el ‘defol’ de España, para desatar una crisis financiera internacional superior a la de 2007/8 y para determinar, como resultado, una ocupación militar del territorio catalán. Este escenario plantea la cuestión de la perspectiva general de este conflicto.

Bancarrota capitalista

Contra lo que afirma la versión u omisiones del nacionalismo, la gran burguesía de las principales nacionalidades del Estado español fue la clave de la bóveda de la construcción del “pacto de transición’ que se tejió para sortear una salida revolucionaria a la agonía del franquismo. La motivación de esa burguesía era obvia: “la transición” era la vía para integrar al conjunto del Estado español, pero en especial al capital residente en Cataluña y Vascongada al Mercado Común Europeo y, eventualmente, a la Unión Europea, en especial en alianza con la burguesía de Alemania. La ‘europeización’ del Estado español fue también el puente de plata de la ola de inversiones de España hacia América latina, financiada en la Bolsa de Madrid y en las Bolsas extranjeras por fondos norteamericanos e ingleses. Bajo la dirección inconmovible del partido Convergencia e Unió, el nacionalismo catalán fue la piedra basal de un doble unitarismo: con el Estado español y con los estados imperialistas de Europa y Estados Unidos. La bancarrota mundial reforzó la adhesión europea de los grandes bancos de toda España, porque sólo gracias al rescate del Banco de España y del Banco Central Europeo salvaron el pellejo e incluso acentuaron un proceso de concentración de capitales a costa de Cajas, Cooperativas y depositantes. El Banco de España acaba de declarar que solamente ha recuperado 3 mil de los 60 mil millones de euros que le costó el salvataje.

¡Quién no se inclina ante semejante regalo!

El agotamiento de la estrategia se dejó ver en toda Europa ya en los años 90 del siglo pasado, cuando comenzaron los rechazos populares a los distintos ‘reforzamientos de la unidad europea”, que fueron puestos a votación. Hacia finales de siglo y con la bancarrota de 2007/8, el partido de la gran burguesía de Cataluña tuvo que comenzar a compartir el gobierno con otras corrientes nacionalistas e incluso partidos de izquierda españolistas, como el partido Socialista de Cataluña. En el cenit de la crisis capitalista internacional, Convergencia e Unió se rompió, al tiempo que se desarrollaba un desplazamiento mayor hacia el nacionalismo, en especial en la pequeña burguesía pauperizada por la crisis.

Este nuevo bloque se encuentra hoy representado por Junts pel si, con la Izquierda Republicana y el apoyo de la ‘anarquista’ Cup. Un corrimiento semejante se ha verificado en el conjunto de España con la aparición de Podemos (y variantes autónomas de Podemos en Cataluña) y la jefatura de Pedro Sánchez, del ala izquierda del Psoe. De otro lado, aparece la derecha liberal, Ciudadanos, en gran parte para ocupar la representación de la gran burguesía que rechaza cualquier forma de separación. O sea que se desenvuelve una polarización política en la propia Cataluña entre dos bloques de un sistema que se desintegra, y al mismo tiempo una diferenciación de clases al interior de Cataluña, que se superpone al enfrentamiento nacional y entrará, en algún momento, en contradicción con él.

El nacionalismo ha venido reclamando una mayor porción de los ingresos públicos, pues denuncia que Cataluña ha transferido 300 mil millones de euros en dos décadas al estado español. El ataque enorme que la burguesía y el gobierno de Cataluña ha descargado sobre la clase obrera no ha sido suficiente para revitalizar las ganancias e inversiones. El nacionalismo estuvo planteando, en consecuencia, hasta ahora una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, manejo de los contratos de obras públicas y gestión de los servicios, mayor margen de las relaciones internacionales, es decir un cambio institucional que, potencialmente, derivaba, como se está discutiendo ahora, en un estado autónomo.

La perspectiva de independencia de estos planteos explica el inmovilismo político de Rajoy y de la monarquía frente a la cuestión nacional, y el temor de una demolición del estado central. Por eso rechaza conceder una modificación de la Constitución de España, que amplíe la autonomía política de las naciones del Estado. La catalana y la española son dos respuestas confrontativas a una crisis capitalista internacional de conjunto –no una crisis institucional en si misma. El nacionalismo plantea la ‘balcanización’ de España; el Estado español la sujeción de las nacionalidades, sin la cual se desmoronaría como un castillo de naipes. Es lo que también advierte la UE y el Banco Central Europeo.

Autodeterminación

El gobierno de Junts pel si se las ha ingeniado para cercenar fuertemente el plebiscito de autodeterminación. Reclama el Sí para “una república de derecho, democrática y social…que respetará el derecho europeo e internacional”. O sea que condiciona el plebiscito al establecimiento de una república capitalista, incluidos todos los compromisos que sujetan a Cataluña al orden capitalista internacional. Los términos de la convocatoria definen un orden constitucional que solamente debería establecer una Asamblea especial posterior al plebiscito. La Asamblea, condicionada desde la partida, deberá pasar por varios trámites ‘participativos’ antes de su reunión, y la nueva Constitución ratificada por un referendo final. Este largo proceso queda bajo la supervisión del gobierno actual.

Cualquiera que pueda ser el impacto político del plebiscito, en función de la crisis en curso, los términos de la convocatoria desnaturalizan la autodeterminación y la futura o remota Constituyente. En todo esto hay que ver un intento final de llegar a un compromiso con el Estado central en función de la concurrencia o resultado del plebiscito.

La convocatoria no define a la mayoría que se requiere para aprobar la separación – si un porcentaje de votantes o del padrón; si fuera sólo de los votantes, el resultado quedaría asegurado si la oposición boicotea la asistencia a las urnas. Una decisión minoritaria, en el marco de una inasistencia elevada de votantes, quedaría cuestionada. Cataluña ingresaría en un impasse político colosal. Los partidos nacionalistas no han reunido una mayoría electoral absoluta en los últimos comicios parlamentarios.

Una victoria nacionalista, en las condiciones descriptas, y de crisis económicas como políticas, reforzaría el pretexto para profundizar la política reaccionaria de ‘ajuste social’ en curso, ahora en nombre de la defensa de la independencia nacional. Lejos de constituir un arma para quebrar a la monarquía y establecer la República, sería una soga al cuello del proletariado catalán y una balcanización de la clase obrera del conjunto del estado español. Ningún socialista verdadero puede pretender semejante salida. La clase obrera de Cataluña está ausente de este conflicto político, lo cual la obliga a escoger en forma atomizada, a dividirse entre el Sí y el No, o a asumir una posición de neutralidad. Los sindicatos siguen a la burocracia sindical del Estado, que es mayoritariamente monárquica ‘constitucional’ y opuesta a la autodeterminación.

Esta crisis política creciente ha dejado al flamante Podemos en el limbo, pues apoya “el derecho a decidir”, pero no una decisión de separación e independencia nacionales. Tampoco plantea ese “derecho a decidir” en la perspectiva de una República. Estamos ante un caso típico de fraseología que se remite a la defensa del orden existente, quizás con algunas modificaciones constitucionales. El republicanismo de Pablo Iglesias se limita a concurrir a las convocatorias del monarca sin ponerse corbata.

Táctica y Política

La fluidez de la crisis política obliga a determinar los planteos y consignas cuartainternacionalistas en estrecha relación con el desarrollo de los acontecimientos, que de aquí a octubre aún va a enfrentar alternativas diversas. En el marco general, hay que defender el derecho a la autodeterminación, en oposición a una salida nacionalista que balcaniza socialmente el territorio español y a los trabajadores. Planteamos, sí, la defensa del derecho a la autodeterminación, o sea el derecho a la libertad nacional, no para establecer una república burguesa regional sino una República Socialista Ibérica. Atacamos al nacionalismo en nombre de la lucha por la unidad de los trabajadores del estado español y por la unidad socialista de Europa.

En este contexto se plantean dos alternativas. De un lado, que el nacionalismo llegue a un compromiso con la monarquía y el estado español, sea mediante una dilación del plebiscito o en el curso ulterior, ni qué decir si el oficialismo es derrotado en las urnas. La configuración del plebiscito y el condicionamiento de la Constituyente apuntan a la negociación de un compromiso. En el mismo sentido va la política de aparato del nacionalismo, en oposición a la movilización o su retaceo. El nacionalismo opone a una movilización la movilización policlasista, o sea sin huelgas, sin ocupaciones de lugares de trabajo, ni siquiera de propiedad de la burguesía que defiende a la monarquía del Estado español. Es decir, con una política férrea de conciliación de clases en ‘el campo nacional’. La estrategia debe ser la denuncia de la tendencia al compromiso y a desnaturalizar el plebiscito y la Constituyente, y convertir la demanda de autodeterminación para desarrollar una lucha de clases al interior de Cataluña y de España entera.

Mientras este compromiso se negocia entre órdenes judiciales y envío de la Guardia Civil para cancelar el plebiscito, es absolutamente necesario defender, contra esta represión y contra el conjunto del régimen monárquico y centralista burgués, el derecho a la autodeterminación, incluso retaceada. Si el compromiso sucumbe y se produce un choque abierto, defenderemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, incluida la independencia o separación, contra el ataque del aparato represivo de la monarquía del estado español.

Llamamos a los trabajadores de toda España a defender el derecho a la autodeterminación nacional, incluido el derecho a la separación, y a utilizar esta lucha como una palanca al servicio estratégico de la revolución socialista. El camino al gobierno de la clase obrera de todo el territorio ibérico, la República federativa socialista, pasa ineluctablemente por la defensa de las libertades nacionales.