El golpe parlamentario que colocó a Temer como presidente de Brasil ha transformado el tablero económico y político latinoamericano e internacional. En primer lugar, acelera los ritmos del ajuste y las crisis políticas que se incuban en América Latina, en primer lugar en Venezuela.
Brasil y Venezuela
Los grandes bancos y la gran industria le dieron un mandato al precario gobierno de Temer: la reducción del déficit fiscal, que se encuentra en más de U$S 40.000 millones de dólares. El recorte -que ya había comenzado con Dilma Rousseff- afectará los salarios y, principalmente el sistema de previsión social. El objetivo es la transferencia de recursos para operar un salvataje financiero a las industrias quebradas, una exigencia central de la cámara industrial de San Pablo que actuó detrás del golpe. Por otra parte, la agenda de Temer va hacia un choque de enormes proporciones con China y a un realineamiento con EEUU; la burguesía industrial y el imperialismo buscan el desplazamiento de los capitales chinos del negocio Petrobras para avanzar en una privatización de la mano de las grandes petroleras internacionales y del mercado del acero brasileño y latinoamericano. En torno a esta orientación, Brasil se incorporaría a la firma de tratados de libre comercio con EEUU (TLC y Tratado Transpacífico) desintegrando definitivamente el Mercosur.
l gobierno de Temer ya encuentra su primera crisis frente a los primeros anuncios de recortes que han desatado cacerolazos y manifestaciones en las principales ciudades del país. Las movilizaciones se suceden mientras el PT de Lula y Rousseff se encuentra en un deterioro acelerado de su base de apoyo popular, incapaz de librar una batalla contra el ajuste y derrotar al nuevo gobierno.
Mientras en Brasil el parlamento le dio un golpe de Estado a Rousseff, en Venezuela se desarrolla un golpe desde el Poder Ejecutivo contra el parlamento dominado por la oposición de derecha. El Poder Judicial ha intervenido la Asamblea Nacional, privándola de diversas potestades. Asistimos al pasaje de un régimen de bonapartismo refrendado en las urnas -como lo fue el chavismo- a un bonapartismo de facto que marca la disolución de la etapa bolivariana en un cuadro de colapso completo de la economía venezolana. Frente al autogolpe, el capital internacional actúa por una salida golpista al régimen chavista con el objetivo de armar un gobierno de transición consensuado entre un sector del campo militar chavista y la oposición derechista.
El marco de esta crisis, es el derrumbe del precio del petróleo y de la principal empresa venezolana, PDVSA, cuya deuda supera en cinco veces las reservas del Banco Central. Al igual que con Petrobras los monopolios internacionales rechazaron financiar la explotación en la cuenca del Orinoco y presionan hacia un giro privatizador, con el apoyo de la derecha. Con una enorme deuda externa, el financiamiento internacional que proporcionó China se encuentra agotado para mantener las importaciones que abastecen el mercado interno. La crisis amenaza, además, el mantenimiento de los planes sociales. Dentro del plan económico de la salida golpista del capital internacional se encuentra un plan de rescate financiero, la reestructuración de la deuda externa y la privatización de PDVSA. Como corolario se presenta aquí también la disputa de los capitales norteamericanos por el control de los recursos, con el objetivo de desplazar los capitales e inversiones Chinas.
La oposición impulsa un referendo revocatorio -del cual ya ha reunido casi dos millones de firmas- para destituir a Maduro. El gobierno reconoce el procedimiento pero no está dispuesto a convocar a nuevas elecciones, en cuyo caso, el mando se transferiría a Diosdado Cabello, el vice-presidente y jefe de la camarilla militar. Venezuela se enfrenta a un estadio elevadísimo de la crisis política, cuyo péndulo se mueve entre el autogolpe y la disolución de la Asamblea Nacional de un lado, y el golpe de transición, del otro.
Brasil y Venezuela expresan la crisis de poder que vive América Latina, que no es más que la crisis de dominación política de la burguesía sobre las masas. En uno y otro país, se presenta la oportunidad de desenvolver congresos obreros y de la izquierda para plantear una salida de conjunto y un plan de lucha para hacer frente a la catástrofe social en curso.
Unidad de los ajustadores
En Uruguay, las distintas fracciones de la burguesía han tomado nota de estos bruscos virajes políticos y llaman a la unidad política para las medidas ajustadoras que deben llevarse adelante. Emulando a Temer, el gobierno de Vázquez discute cómo ejecutar el ajuste y recortar el déficit fiscal que pisa los U$S 2.000 millones de dólares, en cuadro de caída de la recaudación de la DGI. El temor del gobierno es cómo llevar adelante este proceso, sin desatar una reacción popular que reedite a mayor escala la huelga docente de 2015. Este rechazo ya se expresa en enormes asambleas en los sindicatos de Aebu y Adeom hacia convenios colectivos que no contemplan mejoras salariales.
La preparación de la Rendición de Cuentas es el escenario para un plan de achique del gasto social, de incremento de los impuestos a los trabajadores y el mantenimiento (y profundización) del régimen de exoneración fiscal a las inversiones extranjeras. Conjuntamente, la política oficial de cara a los Consejos de Salarios implica la rebaja salarial durante, al menos, los próximos dos años en un marco de una escalada inflacionaria por arriba de los dos dígitos y miles de despidos y envíos al seguro de paro. El paquete se completa con la iniciativa de las cámaras patronales -acompañada por el gobierno y la dirección del PIT-CNT- de una reforma laboral que flexibilice la jornada de trabajo, con rebaja salarial. Este paquete de medidas ajustadoras resultan inviables como salida a la bancarrota económica en la que marcha la economía. El plan está condicionado al ingreso de capitales internacionales que utilizaban a Uruguay como plataforma de exportación a Brasil, Argentina o China, cuyas economías se encuentran en caída libre.
En este cuadro, Mujica anunció que la bancada del MPP votará lo que “decida Tabaré”: van con el ajuste hasta el final. Frente a la crisis de Brasil y Venezuela, para garantizar la ‘gobernabilidad’ Mujica se suma a la política de Temer, mientras se distancia de Maduro a quien calificó de “loco” en su disputa con Almagro. Se trata de un realineamiento improvisado que marcha al compás de los virajes del capital internacional en Latinoamérica. La ‘unidad’ de los ajustadores se manifiesta también en la orientación conciliadora del Partido Nacional y Colorado con el gobierno, que han aceptado instancias de diálogo y acuerdos estratégicos con el presidente. Pero este frente ajustador no anula las contradicciones, los une el espanto de la crisis que recorre América Latina. El desarrollo de la crisis agudiza las divergencias en torno a la política económica, la inserción internacional y la modulación del ajuste, acentuando la tendencia a la disgregación política del FA y la “oposición” de derecha.
Intervención independiente
Frente a contexto continental, es preciso abrir una deliberación profunda entre el movimiento obrero y popular en pos de sacar todas las conclusiones políticas. Se trata de abordar la nueva situación con una mirada independiente, dónde los trabajadores debemos levantar nuestro programa propio de salida a la crisis capitalista que se pretende descargar sobre nuestros hombros. La movilización independiente de las distintas variantes de ajuste se vuelve crucial para afrontar la nueva etapa que plantea grandes estallidos sociales. La nacionalización de la banca y del comercio exterior para evitar la fuga de capitales y utilizar las riquezas al servicio de los intereses nacionales, la estatización bajo control obrero de toda fábrica que cierre o despida, la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo en defensa del salario, configuran los puntos centrales del programa para abrir una salida independiente de la clase obrera. La única forma de derrotar a los golpistas y ajustadores en América Latina es con la movilización popular en la pelea por un gobierno de trabajadores, que apunte a una reorganización de las relaciones sociales en la perspectiva de transformar a la clase obrera en alternativa de poder.
En esta tarea se coloca la Conferencia Latinoamericana que tendrá lugar el próximo 16 y 17 de Julio, convocada por el Partido de los Trabajadores de Uruguay y el Partido Obrero de Argentina.
Nicolás Marrero
