A desalambrar

Luego del acto del 23 de Enero en Durazno el gobierno reculó. En las movilizaciones previas y en el acto, la agenda la marcaron las patronales del campo -ARU y Federación Rural- con la exigencia de devaluación, mayores subsidios, condonación de deudas, recortes del gasto social y de salarios. Vázquez sentó en la mesa de negociación a los ‘autoconvocados’ para ofrecerles quita de impuestos en el gasoil, energía y un subsidio millonario a los capitalistas lácteos, arroceros y hortícolas, una suma que ronda los 50 millones de dólares. La respuesta de patronales agrarias fue: es ‘insuficiente’. La Federación Rural emitió una declaración que rechaza las medidas del gobierno y se suma a las próximas movilizaciones.

 

Se ha abierto una crisis política de orden general, que los luchadores debemos aprovechar para organizarnos en una fuerza independiente masiva y ganar a nuestra lucha a los explotados de la ciudad y del campo.

 

El ‘campo’

 

Los conflictos entre el gobierno con las entidades agrarias no son nuevos, a pesar de que la política del FA durante el ciclo de auge de los precios de materias primas (y especialmente frente a su caída) los ha beneficiado mediante exoneraciones impositivas y en el mantenimiento de un peso artificialmente devaluado, por medio de la compra dólares -sólo durante 2017 el BCU compró U$S 3.624 millones. Como consecuencia de esta política, los capitalistas del ‘campo’ han obtenido una renta de devaluación, a partir de la exportar en dólares y pagar salarios e insumos con un peso débil.  Los grandes grupos agroexportadores como los ganaderos, sojeros, arrozeros e incluso los lácteos se beneficiaron como no lo habían hecho nunca. Son los grandes acaparadores de tierras, que manejan la exportación, financian las cosechas y puertos. Como contracara a esta concentración del capital agrario, el campo ha asistido a un despoblamiento, con la ruina de más de 12.000 productores familiares desde el ascenso del FA al gobierno.

 

Es cierto que la composición social de las reciente movilizaciones agrarias es heterogénea, agrupando a grandes estancieros con la pequeña burguesía rural. Sin embargo, el programa levantado en el acto de Durazno es una declaración de guerra contra el movimiento obrero y, también, perjudica los intereses de esos pequeños productores (muchos de ellos son a la vez asalariados) que comercian en el mercado interno, importan insumos y están endeudados en dólares. En oposición a la salida de los estancieros -devaluación, recortes del gasto social y más subsidios- es necesario expropiar a los 8.000 grupos que controlan el 80% de la tierra bajo su monopolio económico, y reconvertir ese espacio en una explotación colectiva. Solamente así puede repoblarse el campo. En lugar de pretender prosperar con una renta devaluatoria que acentúa la miseria de la mayoría de los consumidores, debería defenderse en primer lugar, el principio de la nacionalización del comercio exterior, bajo control popular, para que los recursos internacionales sirvan a la industrialización de conjunto del campo; y en segundo lugar la nacionalización del sistema bancario para concentrar el ahorro nacional al servicio de las necesidades populares.

 

Devaluación y crisis mundial

 

Entre 2003-2014, Uruguay asistió a dos ciclos de grandes subas en los precios internacionales de las materias primas, cuyos superávits comerciales originados por esos aumentos dieron lugar a un nuevo ciclo de endeudamiento público y privado promovido por el respaldo que ofrecía el crecimiento de las reservas internacionales. La crisis de deuda del agro (un 75% del su PIB) se inicia con la caída de los precios de la soja, el arroz, la carne o maíz que se plancharon en los últimos tres años, como producto de una sobreproducción mundial de un  lado, y del fin de la ‘burbuja’ de los commodities, del otro. En este escenario, la crisis mundial impuso un límite a las salidas impulsadas por el gobierno que se transformaron en un completo fracaso; el impulso al TISA en 2015, los intento de firmar TLC con la Unión Europea, China o Chile (como vía para el acuerdo transpacífico) se toparon con la caída del comercio mundial y la guerra comercial en curso, a partir del Brexit y el ascenso de Trump. La devaluación que exigen las patronales agrarias se enfrenta a la devaluación que Trump impulsa desde EEUU, para ir a fondo en la guerra comercial con China y la Unión Europea, es decir con un dólar ‘débil’ a nivel mundial.

 

Mientras en el pasado los gobiernos blancos o colorados impulsaban devaluaciones (‘corrección’ del atraso cambiario) para compensar la caída de la cotización de las exportaciones agrarias, el gobierno del FA se enfrenta a un ingreso masivo de dólares -como consecuencia de la política monetaria estadounidense- que tiene como destino los títulos de deuda que emite el BCU. Dicho en criollo, para contener la caída del dólar el gobierno se endeuda. En este cuadro, una devaluación no sólo implicaría una licuación de salarios y transferencia de ingresos hacia los exportadores, sino que exige un salto en el endeudamiento nacional en un escenario donde el financiamiento del gobierno se encuentra condicionado a um mayor ajuste fiscal -en el gasto social de educación, salud, vivienda y salarios- que piden el FMI y las calificadoras de riesgo. Este rompecabezas insuperable de contradicciones explica el inmovilismo del gobierno ante la crisis.

 

La devaluación, además, no asegura nada. En un mercado mundial cada vez más saturado y con una tendencia a la guerra comercial, se puede devaluar y hacer el ajuste que reclama “el campo” y eso no asegura la colocación de la producción. El programa de la derecha no es “salida” ni siquiera en términos capitalistas. Se reduce por tanto a la quita de derechos a los trabajadores y reducción del gasto social.

 

De fondo, la clase capitalista del campo, el capital financiero e industrial exigen un viraje profundo del ajuste y el ataque a los trabajadores. En un cuadro latinoamericano dominado por los cambios políticos de frente de la burguesía (Macri-Temer), el Frente Amplio y el gobierno se ponen a prueba para liderar el ajuste y ejercer como representante político del frente patronal.

 

El ‘costo del Estado’

 

Las movilizaciones del ‘campo’ (que siempre tiene que ir encomillado porque expresa realidades sociales diversas y contradictorias) y la oposición patronal han colocado el reclamo de bajar el costo del Estado, en especial el achique de los funcionarios públicos. Es falso, sin embargo, que el déficit fiscal tenga como causa el incremento de salarios, de funcionarios públicos o jubilaciones. Sino que el incremento del déficit fiscal resulta del aumento de los intereses de deuda y el ‘costo’ empresarial (el gasto estatal por exoneraciones fiscales).

 

La caída de la renta agraria deja al desnudo que el funcionamiento del Estado, el pago de la deuda externa y los subsidios al gran capital no lo sostienen ni los estancieros, ni los capitalistas industriales, ni tampoco el ‘comercio’. La estructura fiscal nacional reposa en el IVA e IRPF que se llevan más del 40% del salario, mientras los capitalistas aportan un 11-12%, que es compensado por las concesiones impositivas y subsidios que les provee el Estado; es decir no pagan nada. Al Estado lo mantiene una masa de trabajadores pauperizados, no la clase capitalista. Los reclamos de la ARU, Federación rural y autoconvocados le recuerdan al gobierno, que bajo el capitalismo la clase dominante no está al servicio del Estado sino que es el Estado el que tiene que estar al servicio de los capitalistas. Es preciso, entonces, dar vuelta el problema: derogar todo gravamen al consumo y descargar la totalidad de la financiación del presupuesto sobre la clase capitalista mediante impuestos elevados y progresivos.

 

La agenda de la clase obrera

 

La clase obrera se encuentra en gran medida ausente en esta etapa de la crisis, pero no es ajena a ella. Todos los reclamos de las distintas fracciones de la burguesía apuntan hacia combates centrales que tendremos este año: Consejos de salario y Rendición de Cuentas. Episodios tempranos de esta lucha la tenemos en Adeom contra la privatización y ajuste de Martínez, las ocupaciones de la Unión Ferroviaria contra la represión a la organización sindical, la preparación de la lucha docente frente al derrumbe educativo, como también la campaña de FFOSSE, sindicatos y organizaciones populares contra la privatización del agua.

 

Frente a la crisis de los estancieros con el gobierno, los trabajadores tenemos que impulsar una movilización política que coloque en el escenario nacional las grandes reivindicaciones obreras y populares, al mismo tiempo que oponemos un programa de salida a la crisis abierta. Se impone con urgencia la convocatoria a un Congreso de bases del movimiento obrero. Sólo un movimiento obrero independiente del gobierno puede plantear una salida progresiva; para ello el PIT-CNT de romper con el gobierno.

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